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La declaración de Mariano Rajoy como testigo en el juicio del ‘caso Gürtel’ de este miércoles es uno de los peores tragos que va a pasar el PP en los últimos años. Aunque de puertas para afuera los populares tratan de minimizar el impacto de la imagen, dentro del partido la tensión es máxima. Así lo reconocen en privado los dirigentes de la organización, no tanto por lo que pueda decir el presidente del Gobierno -«que va a aportar muy poco», según el coordinador del partido, Fernando Martínez Maillo- sino por la inevitable asociación de Rajoy con la corrupción y las nefastas consecuencias políticas que conlleva.
El presidente del Gobierno siempre ha dicho que su relación con el jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, fue inexistente porque apenas le conocía y apenas le había visto «alguna vez» por la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid. Es más, desde la dirección popular inciden siempre en que fue Rajoy el que en 2004 ordenó que se dejara de contratar a las empresas de Gürtel. Correa dio otra versión en su declaración en el juicio y sostuvo que la ruptura no se debió a diferencias con Rajoy sino a que su grupo empresarial contrató a Antonio Cámara, exsecretario de José María Aznar, que tenía «una relación fatal» con el líder del PP.
La estrategia de los populares pasa por mantener que su líder lo ignoraba todo de los manejos de Correa. «Podrían haber llamado a Rajoy o al Papa de Roma para que diga lo que sabía, porque sabe lo mismo», llegó a decir el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. Pero es bastante probable que el presidente del Gobierno tuviera alguna relación con el jefe de la trama corrupta porque fue el director de la campaña de Aznar para las generales de 1996 y 2000, y en estas últimas el grupo de Correa se encargó de la logística de numerosos actos electorales. Además, Rajoy fue secretario general del partido entre septiembre de 2003 y octubre de 2004, antes había sido vicesecretario, y para el jefe de la trama, según dijo en el juicio, la sede de la calle Génova era su «casa porque pasaba más tiempo allí» que en su «despacho».
El PP, pero sobre todo el presidente del Gobierno, tratan de enmarcar en «la normalidad» su citación y subrayan su voluntad de colaborar con la justicia. Unas declaraciones que, sin embargo, casan mal con las maniobras procesales de sus abogados defensores. En abril pasado, el letrado del partido solicitó al tribunal que desestimara la petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, acusación popular en el proceso, para que Rajoy fuera llamado a declarar y fracasó en el intento. Después trató que el presidente testificara sin ir a la Audiencia Nacional y lo hiciera a través de una conexión por vídeo desde la Moncloa, petición que también rechazó el tribunal. Antes, en octubre del año pasado, cuando el partido había sido encausado en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo, el abogado del PP solicitó la nulidad de todo el proceso. Reclamación que asimismo fue ignorada.
Antecedentes
Visto el antecedente de la declaración judicial de sus antecesores y sucesores en la secretaría general del partido, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y Javier Arenas, que no recordaban qué vínculos había entre Correa y el PP, y trasladaron toda la responsabilidad al extesorero Álvaro Lapuerta, eximido del juicio por su estado de salud, no es descabellado pensar que el presidente del Gobierno siga la misma senda. Pero el problema para el PP no es lo que diga o deje de decir, es un problema político de imagen. Los esfuerzos del propio Rajoy de relegar la corrupción a un papel secundario y poner en valor los éxitos económicos de su Gobierno han resultado baldíos. Los sondeos electorales detectan un retroceso de las expectativas electorales del partido, que aunque ganaría de nuevo las elecciones, lo haría con un apoyo menor que el logrado hace un año.
Ese dato pesa en la dirección del PP, consciente de que la corrupción es el segundo problema nacional de acuerdo a los estudios del CIS. En su último debate en el Congreso sobre el tema el pasado 12 de julio con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Rajoy acusó a la oposición de «agarrarse al mantra de la corrupción como a un clavo ardiendo. La exageran, la magnifican, hablan de ello todos los días». Tras esas palabras se esconde una honda preocupación por la identificación en amplias capas de la población entre la corrupción y su partido, circunstancia que se constata en los estudios demoscópicos, y que la declaración del presidente del Gobierno en el juicio del ‘caso Gürtel’ no va a hacer más que agudizar, y así lo reconocen en la sede de la calle Génova.
