La emergencia climática obligará a crear zonas de bajas emisiones en más ciudades

El Consejo de Ministros declaró ayer la emergencia climática. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha 30 acciones para mitigar el cambio climático, de las que cinco se tomarán dentro de los 100 primeros días, según anunció la ministra portavoz, María Jesús Montero, con el norte en una «transición justa». La declaración contiene 30 líneas de acciones distintas, todas «transversales» que comprenden la modernización de la economía, la generación de empleo y la competitividad, y la reducción de brechas entre territorios y colectivos.

Uno de los aspectos concretos comprende una «fiscalidad verde», que reconozca la protección del medio ambiente. No necesariamente recaudatoria pero sí disuasoria, según Montero, para que en 2050 la economía sea neutral en carbono. En concreto, «no habrá nuevos subsidios a combustibles fósiles y se revisarán los que existen», dijo la ministra Teresa Ribera. En cuanto a los vehículos, de diésel o de gasolina, el Ejecutivo quiere obligar a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones. Y que los coches tengan «cero gramos de emisión de CO2» a partir de 2050, como ha aprobado Bruselas.

Si cambiara de criterio y acelerara la transformación, España seguiría esas directrices restrictivas. Además habrá regulaciones de movilidad y una revisión fiscal para la industria automovilística, que ayude a transformar todo el sector con una «actualización de la economía».

También se emitirán bonos de «deuda verde», se desarrollarán políticas inclusivas y planes de sostenibilidad, salud, medio ambiente, investigación y desarrollo, con una estrategia para la preservación de la costa. «No partimos de cero», exhortó Teresa Ribera. «Debemos ser más rápidos y ambiciosos».

La transición social y política implica una fuerte inversión, tanto pública como privada, y se abren grandes oportunidades de negocio, sobre todo en el área energética, donde ya toman posiciones las grandes empresas españolas del área. Sólo en fondos europeos España recibirá más de 300 millones de euros, siendo el octavo país más beneficiado del fondo de transición climática de la UE, que repartirá 7.500 millones entre los socios hasta 2027.

«No abordar este desafío es enormemente regresivo y costoso», aseguró Ribera tras el Consejo de Ministros, ayer en Madrid.

La declaración de emergencia climática «se produce en el contexto de grandes cambios que son considerados ya como los más relevantes de la economía global», definió Ribera, sin ocultar el matiz financiero. También, en el contexto del «sufrimiento» generado por los «riesgos visibles, que percibimos en cualquier rincón del planeta con independencia de que para unos sea más gravoso que para otros», dijo Teresa Ribera.

«Justicia social»

La estrategia gubernamental incluye no sólo las cuestiones ecológicas y de equilibrio en los ecosistemas en peligro, sino aspectos de «justicia social», como impulsar el feminismo y las cuestiones de género, supeditar las políticas públicas a la evidencia científica, y contribuir a las ayudas económicas destinadas a los países en desarrollo afectados por los fenómenos naturales.

Para los primeros 100 días, la ministra Teresa Ribera anunció una nueva ley medioambiental, un plan nacional de adaptación, la definición de «la senda de descarbonización a largo plazo con respecto a 2050», el refuerzo de la participación «inspirándonos en la experiencia de Francia con la creación de una asamblea ciudadana para aportar ideas», e «integrar la perspectiva de clima en el conjunto de los sectores productivos».