La segunda derrota de Sánchez en la inestidura abre una etapa incierta

Tampoco a la segunda. Pedro Sánchez cosechó una nueva derrota en la última votación del debate de investidura. Obtuvo 131 votos a favor y 219 en contra. Un resultado que adentra a las fuerzas políticas y las instituciones en un territorio virgen. Nunca en los 38 años de vida constitucional un candidato a la investidura había salido rechazado del Congreso.

El candidato socialista solo consiguió sumar a la diputada de Coalición Canaria a los 130 diputados del PSOE y Ciudadanos. El mayoritario bloque del no se mantuvo incólume. El presidente del Congreso, Patxi López, comunicó ayer al Rey el lunes y dejará en manos de Felipe VI el próximo movimiento para deshacer el nuevo bloqueo institucional. De momento, el monarca ha convocado a López a una reunión el próximo lunes en el Palacio de la Zarzuela «para hablar del proceso que se abre ahora», en palabras del propio presidente del Congreso.

¿Qué ocurrirá a continuación? Aunque resulte extraño, la pregunta no tiene una respuesta evidente. La Carta Magna describe en su artículo 99 el procedimiento que ha de seguirse para la formación de Ejecutivo, pero lo que no hay es desarrollo legislativo de ese precepto de modo que, ahora, aparecen distintas interpretaciones.

Conforme a la literalidad constitucional, si el candidato propuesto en primera instancia por el jefe del Estado no lograra el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara baja –o el de una mayoría simple, en segunda votación– «se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista» en el propio artículo 99, es decir, previa consulta del Monarca a aquellos portavoces designados por los grupos políticos. La duda, y la discrepancia entre expertos constitucionalistas, está en si el Rey está obligado a convocar de inmediato una nueva ronda de audiencias o si ha de hacerlo una vez que desde las Cortes se le traslade que la situación se ha desbloqueado.

«Me temo –admitían ayer mismo fuentes parlamentarias– -que eso es algo que ni el propio Rey tiene claro». Desde la Jefatura del Estado sostienen, sin embargo, que parece «coherente» que don Felipe espere una comunicación del presidente del Congreso. Es una lectura que comparten distintos representantes políticos y que, probablemente, acabará imponiéndose.

Toca negociar

En el entorno de la Casa del Rey ya habían advertido de que el Jefe del Estado no propondrá otro candidato que no tenga garantías de acuerdo. En el caso Sánchez lo hizo porque, a tenor de las conversaciones mantenidas con todos los grupos en las rondas celebradas entre el 18 y el 22 de febrero (cuando Maríano Rajoy declinó su ofrecimiento) y entre el 26 y 2 de febrero (cuando propuso al secretario general del PSOE), tenía alguna posibilidad, pero sobre todo, porque si no hubiera hecho propuesta alguna, se habría producido un bloqueo institucional imposible de resolver, dado que el plazo para la convocatoria de nuevos comicios solo empieza a correr, según la Constitución, a partir de la primera votación de la investidura.

Lo que parece obvio, y ya asumen los líderes de todos los partidos, es que ninguno de ellos puede ir a Zarzuela simplemente a pedir la vez a ver si suena la flauta. «Yo soy de la opinión de que debe irse con un proyecto ahormado», dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya, Sáenz de Santamaría, en una línea muy similar a lo que, en su día, planteó ya don Felipe en audiencia a Pablo Iglesias, y en consonancia con lo que defienden reputados constitucionalistas.

Si en los 60 días que quedan por delante nadie es capaz de convencer a una mayoría de diputados de que merece su apoyo, algo nada descartable, no habrá pues nuevas votaciones y el 2 de mayo se convocarán elecciones para el domingo 26 de junio.