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El gran pacto por las pensiones que la semana pasada casi proclamó la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, está un poco más cerca. Por el momento, en el Pacto de Toledo se quisieron volver a revalorizar estas prestaciones en función del IPC, tal y como se venía reclamando desde hace meses en la oleada de manifestaciones que se celebraron por toda España.
Así, todas las pensiones subirán anualmente lo que se hayan encarecido los precios en los tiempos en que la economía no tenga problemas, como por ejemplo en la actualidad. E incluso todos los partidos políticos parecen abiertos a que este incremento pueda ser mayor que la evolución de la inflación en tiempos de bonanza económica.
Sin embargo, hubo discrepancias en qué hacer cuando la economía empeorase y se dieron dos posturas enfrentadas. PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT abogaron por que cuando el país atraviese una recesión económica solo las pensiones más bajas se blinden y sigan revalorizándose en función de los precios.
Por su parte, PSOE, Podemos, Compromís y Esquerra se opusieron tajantemente e insistieron en que hay que garantizar siempre el poder adquisitivo a los pensionistas. «Estamos absolutamente en contra de esta propuesta que busca que se peleen los pensionistas», explicó la portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Aina Vidal. «Garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas es una obligación del Estado», sostuvo la diputada catalana.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, el tarraconense Sergio del Campo, se mostró partidario de tomar de nuevo el IPC como «hilo conductor» pero a la vez «poder dar un margen de flexibilidad para que en situaciones de crisis haya otros indicadores que puedan hacer que si los mayores tienen que hacer un esfuerzo, recaiga sobre las pensiones más altas». Decir IPC llueva o no llueva es engañar a la gente», dijo el diputado del PP José María Barrios.
El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, apostó por establecer un mecanismo para que en época de crecimiento estas prestaciones más altas puedan compensar la pérdida de poder adquisitivo que hayan tenido en los años de recesión.
¿Dónde se establecería el límite para este ‘sacrificio’ en caso de que esta propuesta prosperara? La respuesta a esta pregunta no sería competencia del Pacto de Toledo. La dejarían en el aire para que cada Gobierno establezca, previas consultas con los agentes sociales, cuáles serían las pensiones más altas y las más bajas.
