Los municipios turísticos exigen más financiación

Localidades como Salou, Vila-seca, Calafell y Cambrils reclaman mejor financiación para afrontar el coste de los servicios para los residentes habituales no empadronados y los turistas

03 diciembre 2019 09:00 | Actualizado a 03 diciembre 2019 10:19
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Una reciente estadística del Idescat (el INE catalán) sitúa a Salou como la segunda localidad de toda Catalunya (tras Barcelona) y al Tarragonès como la primera comarca con más población estacional, es decir, que más diferencia tienen entre los residentes habituales y las personas que acuden al municipio por motivos laborales o de ocio.

La situación es similar en el resto de municipios turísticos de la costa tarraconense. Cuentan con una población empadronada que oscila entre los 23.000 habitantes de Vila-seca y los 38.000 de El Vendrell, pero tienen que dimensionar los servicios (limpieza, recogida de basura, policía local, agua...) para el aluvión de turistas que les visitan y para los residentes habituales no empadronados. Su población flotante implica que los gastos se disparen.

Un solo ejemplo. El contrato de recogida de basura y limpieza viaria le supone a Vila-seca un gasto anual de cinco millones de euros para una población fija de 23.000 personas. Tarragona, con 132.299 vecinos, gasta 20 millones.

Perciben ingresos por impuestos y tasas como el IBI o la recogida de basuras, pero no los que les corresponderían si toda su población real estuviese empadronada. Entre Salou, Cambrils, Vila-seca y Calafell suman unos 40.000 residentes habituales no censados, según cálculos de los propios consistorios en base al consumo de agua y la cantidad de basura. De ahí que su demanda reiterada sea obtener más fondos del Estado.

Salou

Salou multiplica por siete su población en verano, al llegar a puntas de 200.000 residentes. Según los últimos datos, Salou ha alcanzado ya las 28.000 personas censadas. A estas cifras hay que sumar las aproximadamente 7.000 personas que residen todo el año en la capital de la Costa Daurada pero no están empadronadas.

Su alcalde, Pere Granados, explica que la clave está en la previsión, es decir, planificar que servicios como la limpieza viaria o la seguridad aumenten exponencialmente en verano.

«Esto pone de manifiesto una situación nada equitativa en cuanto al reparto de los tributos tanto del Estado como de la Generalitat ya que tienen en cuenta la población estable, no la flotante. Reivindico desde hace tiempo un nuevo modelo de financiación para los municipios turísticos. El turista no solo supone un beneficio para el municipio que lo recibe sino también para el conjunto de Catalunya y del Estado, ya que es donde se fabrican, por ejemplo, los objetos que consumen los turistas. Esto se traduce en un incremento del PIB y en una exportación interna», explica Granados.

¿Cómo se plasmaría esa mejor financiación? «Debería calcularse una ratio donde la población flotante se tenga en cuenta para determinar la financiación; que todos los Ayuntamientos, turísticos o no, perciban parte del IVA y que los municipios puedan gestionar la tasa turística», enumera Granados. Actualmente la tasa turística se reparte al 50% entre la Generalitat y el respectivo Ayuntamiento.

Calafell

Calafell es el caso más flagrante de población residente no empadronada. Según su alcalde, Ramon Ferré, a sus 25.444 habitantes censados, a 1 de enero de 2018, se suman otros tantos que viven todo o gran parte del año, pero no ‘cuentan’ en las listas oficiales. Ferré detalla que suele ser gente mayor que no se empadrona por temor a perder su médico ‘de toda la vida’. El alcalde asegura que, aunque el paciente se empadrone en otro lugar, puede seguir manteniendo su doctor/a de confianza. El Ayuntamiento impulsa una campaña de empadronamiento de toda esa población flotante. Supondría unos ingresos de cinco millones de euros adicionales para el presupuesto local.

«El Estado tendría que incrementar su aportación a los municipios con calificación de turísticos porque hemos de soportar los gastos derivados de las segundas residencias. Cobramos el IBI, la basura, el agua... pero del Estado no recibimos ni un euro. Esto nos provoca una merma económica importante», lamenta Ferré.

Cambrils

El concejal de Serveis i Protecció Ciutadana de Cambrils, Lluís Abella, advierte que «en la cuestión de la financiación no se puede poner en el mismo saco a todo el mundo. Tendría que haber otro baremo. La participación en el IVA sería muy buena solución, igual que tener una participación más elevada en la tasa turística».

Abella se felicita de contar con una comisaría de los Mossos, pero recuerda que «da servicio a doce municipios. Por mucho que incrementen la plantilla no damos abasto. La Generalitat debería aunentar el número de mossos en las zonas turísticas».

A sus 33.362 habitantes censados a 1 de enero de 2018, Cambrils suma entre 5.000 y 10.000 residentes no empadronados. El tope de población lo alcanza en agosto con 81.000 habitantes (con puntas de 90.000), según los cálculos realizados a partir de la generación de basura.

Vila-seca

El concejal de Hisenda i Planificació de Vila-seca, Xavier Farriol, cuantifica en entre 2,5 y 3 millones la aportación adicional del Estado «si se tuviese en cuenta el impacto real de la población flotante». Ahora percibe 4.900.000 euros anuales.

Vila-seca tiene 22.995 vecinos censados. Dobla su población en verano e incluso llega a los 50.000 habitantes. Cuenta con entre 2.000 y 3.000 residentes no empadronados. Farriol pone un ejemplo clarificador: «Si un vecino de Zaragoza vive en La Pineda cuatro meses al año, una tercera parte de la aportación que hace el Estado por él en Zaragoza debería correspondernos. Somos nosotros los que le damos los servicios».

El Vendrell

El 40% de viviendas de El Vendrell son segundas residencias y sus 38.000 residentes empadronados se convierten en 100.000 en verano con el consiguiente incremento de servicios. A esto se añade la dispersión poblacional en urbanizaciones que también requieren servicios cuando su ocupación cae en picado en invierno. Según el alcalde, Kenneth Martínez, esto se traduce no tanto en problemas de financiación concreta, sino en que la calidad del servicio se pueda «tensionar o resentir» en momentos puntuales. Para Martínez, eso sí, «mejorar la financiación de los municipios es una tarea pendiente».

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