Preocupación en el sector de la limpieza por la ley de desindexación

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que termina de desarrollar la Ley de Desindexación que entró en vigor en el año 2015. Esta ley establece que los valores monetarios públicos dejarán de estar vinculados al IPC.  

Las empresas de limpieza que prestan servicio público pueden verse afectadas por esta medida, en cuanto a no poder subir el precio de la mano de obra, sólo si lo justifican con una subida considerable en los costes de producción. En ese sentido, tienen que justificar gastos de luz, gas, productos químicos que utilizan, de desinfección, transporte que realizan, etc., y que del mismo modo, aumente su producción para poder incrementar los precios, si no, tendrán que ajustarse al IPC, marcado por la nueva ley.  

Los servicios de limpieza pueden estar relacionados con industria, servicios, mantenimiento, limpieza de pisos, portales, hogares, locales, construcción, etc. La industria de la limpieza juega un papel importante y son muchas empresas las que presentan licitaciones ante el servicio público para prestar servicio a las administraciones públicas.  

Tener contratadas a empresas de servicio de limpieza es algo meramente necesario, ya que, la higiene es necesaria en todos los lugares, ya sean públicos o privados. Por ejemplo, tener un edificio público en todo momento limpio y aseado es primordial, ya que, hay mucha afluencia de público y con la limpieza se evitan riesgos en la salud pública.  Las oficinas y despachos también deben presentarse óptimas condiciones de limpieza, es un lugar donde los trabajadores pasan muchas horas a lo largo del día y conviven varias personas. La zona hay que mantenerla limpia y para eso están los servicios de limpieza, que se encargan de eliminar la suciedad que se acumula en el mobiliario, baños, puestos de trabajo, zonas comunes, etc. La maquinaria que se utilizan son aspiradores, productos higiénicos de limpieza, bayetas, plumeros o fregonas, entre otras cosas.

La ley de desindexación tiene que ver con el aumento del índice de precios al consumo (IPC) interanual del 3% durante el primer mes del año ha causado esta decisión, aunque el gobierno lo justifica como algo puntual por el aumento de los precios de los carburantes y la electricidad, ya que, creen que en segundo trimestre se va a moderar, todo esto, al contrario del año pasado que se presentaba a la baja. 

El gobierno espera que esto vaya a durar unos meses, y que el segundo trimestre del año la inflación volverá a valores parecidos a los registrados el año pasado. Del mismo modo, el gobierno justifica que ha actuado sobre una subida temporal de los precios y así no incorporar una subida temporal de la inflación a los salarios, ya que afectarían a la competitividad de la economía española. El objetivo de esta ley es tener un ahorro eventual, lo que supondrá a la economía española el aumento de los precios al 2% con respecto al 1% que se tenía antes. 

Por otro lado, el Gobierno intenta desvincular los precios públicos de la subida del IPC para evitar incrementos en los precios y eso de lugar a la temida inflación, con el objetivo de eliminar subidas de precios injustificados y limitar la remuneración de la mano de obra a la subida salarial de los funcionarios.  

La desindexación  prohíbe con carácter general la práctica vinculada con los precios al IPC del sector público, con algunas excepciones: no afectará al sueldo de los funcionarios, a las pensiones ni a los intereses de la deuda.

La ley de desindexación establece tres casos en los que está permitida. La primera de las excepciones es la de los productos energéticos como el precio del gas, el butano y la electricidad, entre otros, cuyo precio está ligado a la materia prima. Éstos se vincularán al precio que tenga la materia prima tanto si sube en el mercado mayorista como si el precio de venta cae. La segunda, los contratos de arrendamiento de propiedades del sector público, a partir de ahora, se vincularán a un índice específico que va a crear el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son los contratos del sector público que suponen una gran inversión en obras y concesiones. Y por último, los contratos públicos de larga duración (5 años o más), se revisará la cuantía a pagar al alza en función de los costes soportados por la empresa: materia prima, energía, transporte, etc. Todo ello, quedará reflejado y será recogido en el contrato de la licitación.  

Dentro de la Ley, se refleja que las empresas no podrán trasladar el coste de la mano de obra, porque se limita el incremento a la subida del salario de los trabajadores públicos.  

La normativa tendrá valor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no será retroactiva, por lo que, sólo afectar a los contratos que se firmen a partir de la fecha de su publicación.