Sobrecostes, retrasos y planificación deficiente en el Corredor por Tarragona

El Tribunal de Cuentas acaba de publicar el informe de fiscalización sobre la suspensión de obras que afectaron al tramo del Corredor del Mediterrani que circula por Tarragona. La falta de planificación y los errores de la administración explican que durante las obras de la alta velocidad tuvieran que suspenderse muchos de los contratos que Adif suscribió con empresas del sector. En la provincia, entre los años 2014 y 2017 se suspendieron ocho de los 30 contratos vigentes, el 26,7% del total, por un valor de 83,3 millones. Ello motivó que el nivel de ejecución presupuestaria no llegara ni a la mitad (42,5%) de lo que estaba previsto invertir, provocando así un sinfín de demoras.

Pero lo más relevante es que el Tribunal de Cuentas encuentra diferentes irregularidades en los cinco expedientes que ha fiscalizado en Tarragona. No solo los imprevistos habituales de una construcción de tal envergadura y complejidad técnica provocaron retrasos sino que también influyó «la deficiente planificación» de algunas obras, como indica el Tribunal.

Problemas en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

La suspensión de los expedientes se debió a contratos de obras complementarias, a modificaciones de proyectos, a que la ejecución dependía de otros trabajos que no se habían acabado y, finalmente, a la toma de decisiones por parte del Ministerio de Fomento, que en varias ocasiones restringió proyectos por cuestiones presupuestarias.

Hubo obras que se suspendieron porque aún no habían acabado los trabajos anteriores

Una de las infraestructuras más problemáticas fue el Túnel de Rojals, en el término municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. De entrada, a mediados de 2015, hubo dos meses de retraso en la construcción de una salida de emergencia, «al no estar disponibles los terrenos necesarios para la ejecución de la galería de evacuación». La demora también se debió a que « se estaban realizando las gestiones para disponer del permiso del propietario de los terrenos donde se encontraban las construcciones abandonadas a demoler y la cantera a restaurar previstas en el proyecto». Pero no acabó ahí la mala praxis. A finales de 2015, se aprobó una ampliación de plazo de ejecución que incrementó la demora en tres meses, ya que se tenía que pedir autorización de uso de explosivos para realizar la excavación de la galería. Es ahí cuando el Tribunal habla de «una deficiente planificación de los trabajos, ya que el objeto de este contrato era precisamente la construcción de la salida de emergencia en un túnel».

En marzo de 2016 aún llegaría una nueva ampliación, dos meses más de retraso, para modificar el proyecto constructivo. En mayo de ese año, el contrato quedó finalmente suspendido, con un 8,9% de los trabajos realizados, tras diez meses del inicio de las obras. ¿Las causas? Que aún se estaba tramitando la modificación del proyecto y todavía no estaban disponibles los terrenos para la galería ni estaba el permiso del propietario de los terrenos. Cinco meses después se reanudaron parcialmente las obras, aunque seguían sin estar disponibles esos terrenos.

Pero Rojals, el túnel en L’Hospitalet de L’Infant-Vandellòs –acabado en 2004 pero sumido casi una década en el letargo– siguió convertido en algo así como una pesadilla administrativa. Hubo tres ampliaciones más que incrementaron la dilación en once meses, por motivos varios como la falta de un doble turno en los trabajos, de suministro de explosivos y por no poder demoler al no tener los permisos, lo que obligó a expropiar terrenos y motivó la suspensión de las obras. En resumen, el contrato que debería haber durado cinco meses se alargó un año y cuatro meses, y luego estuvo paralizado cinco meses más.

En el túnel de Rojals, en L’Hospitalet, no se tenían los terrenos ni permisos para usar explosivos

La estación de Cambrils también sufrió estos imprevistos, según la documentación fiscalizada. En noviembre de 2010 se adjudicó la conexión por 17,3 millones de euros y 22 meses de ejecución. Pero las obras quedaron suspendidas por la «no disponibilidad de crédito» del Gobierno. Las obras se reanudaron casi dos años después, en septiembre de 2012, después de una parálisis de 21 meses. Pero fue entonces cuando el proyecto cambrilense acabó convirtiéndose en un calvario lleno de obstáculos. Entre 2014 y 2016 hubo siete ampliaciones del plazo de ejecución. El resultado fue una tardanza del proyecto de casi 2,5 años. Hubo inclemencias meteorológicas, concurso de acreedores de una fábrica de vigas, una nueva definición de los viales de acceso a la estación de Cambrils, la ubicación de un aparcamiento y afectaciones de servicios para que se integraran en el planteamiento urbanístico del Ayuntamiento.

El Tribunal de Cuentas, muy crítico, concluye que son cuestiones que «en su mayoría se podrían haber solventado en la fase de preparación del contrato, evitando tan numerosos aplazamientos».

El ente fiscalizador también cree que no quedó acreditado que obras complementarias no pudieran separarse técnicamente del contrato principal ni que fueran imprevistas. Ahí entró, por ejemplo, nuevo mobiliario para el interior de las taquillas y el despacho del jefe de estación, accesorios de baño en los vestuarios de personal y aseos, instalaciones para la venta de billetes y equipamientos para motocicletas y bicicletas. Todo ello, en suma, acabó generando sobrecostes, como indica el Tribunal. Hasta junio de 2018, el importe ascendió a 18,6 millones de euros, un 103,7% de la cantidad inicial (17,9), «lo que pone de manifiesto la existencia de actuaciones ejecutadas y certificadas sin cobertura contractual».

En resumen: los trabajos en Cambrils debieron comenzar en noviembre de 2010 y acabar en septiembre de 2012, con un plazo de 22 meses. Adif preveía acabar el proyecto en mayo de 2019, después de 13 ampliaciones que incrementaron el plazo en más de cuatro años, más otros dos por estar paralizado por dos suspensiones. El importe del contrato ascendió a 19,6 millones, un 13,6% respecto al precio de adjudicación, lo que supone un sobrecoste de 2,3 millones.

Otro expediente analizado corresponde a la estación de L’Hospitalet de l’Infant-Vandellòs y al PAET de Mont-roig del Camp. En abril de 2016, cuando las obras ya llevaban nueve meses (de una ejecución total de 16), hubo que incorporar nuevas tareas no previstas. La parálisis se prolongó siete meses. En 2017, nuevo retraso, esta vez de nueve meses, por obras imprevistas que, según el Tribunal, no se justificaron convenientemente. Luego siguió otra demora de 11 meses por faltar permisos.

193.899 euros de más

En suma, también aquí hubo sobrecostes. Hasta mayo de 2018 se habían ejecutado trabajos por 2,1 millones, un 103,3% sobre el importe de adjudicación. Fueron 193.899,40 euros de más. «Existieron actuaciones ejecutadas fuera del proyecto que deberán regularizarse», explica el Tribunal. Todo ello se trasladó a los tempos. Los 16 meses de obras se convirtieron en 36, un año y medio más.

En otras ocasiones, los contratos se suspendían porque trabajos previos no habían acabado a tiempo. Es lo que pasó con la electrificación de la variante de Vandellòs. La intervención, que iba a durar seis meses, arrancó en julio de 2015, y en diciembre de ese año, a punto de acabar, se suspendió, debido a que la puesta en servicio de la variante, prevista para ese mismo diciembre, no se hizo. Las obras se reemprendieron en abril de 2017, un año y cuatro meses después.

Pero llegaron más despropósitos: dos ampliaciones que alargaron la ejecución ocho meses, por dificultades halladas en el emplazamiento inicial y por el retraso en acabar otras actuaciones. Nuevamente se incide en la «deficiente planificación y preparación de los contratos». Lo que tendría que durar seis meses se prolongó dos años.

Por último, el Tribunal de Cuentas analiza lo ocurrido con la Estación Central de Reus –la ahora llamada Intermodal–, adjudicada en diciembre de 2009 por 47,1 millones y con un plazo de dos años para construirse. Las obras empezaron un mes después, enero de 2010, pero de forma parcial «al no disponerse de la totalidad de los terrenos», por lo que «debieron finalizar en enero de 2012». De la misma forma, no hubo disponibilidad de crédito en 2010 y 2011. En octubre de 2017 se acordó la suspensión total. Se habían ejecutado obras por 941.352 euros, un 2% de lo adjudicado. Los trabajos no se han reanudado.

 

Adif responde y lo achaca a la gran «complejidad»

El fiasco administrativo que relata en su informe el Tribunal de Cuentas ha sido contestado por la actual presidenta del Adif, Isabel Pardo de Vera, en un escrito de alegaciones. En él recuerda que las suspensiones de contratos decretadas eran necesarias y que el Tribunal de Cuentas no las cuestiona. Otra cosa, recuerdan, es que pudieran haberse evitado «incrementando los esfuerzos» en la fase de planificación y proyectos. 

La normativa prevé que se suspendan las obras hasta que se elaboren los modificados de proyecto, habituales en proyectos de gran complejidad como el Corredor, donde siempre hay imprevistos. Adif defiende que se han tomado «para la muestra aquellos expedientes que representan incidencias significativas», «que presentan un mayor número de expedientes suspendidos y, de otro lado, aquellos expedientes en los que se han producido incidencias significativas». Dice que se trata de una gestión de los contratos «revestida de una gran complejidad», por cuanto que «se han desarrollado en un entorno extraordinariamente complejo, y se trata de trabajos de una muy elevada complejidad técnica». 

Pero Adif admite cierto margen de mejora: «Otra cuestión es la relativa a si las causas que determinaron la suspensión de la ejecución de los contratos pudieran haber sido evitadas, o no, incrementando, como señala ese Tribunal, los esfuerzos en las fases de planificación y proyección, o aumentando las acciones tendentes a una mayor coordinación». 

El Tribunal de Cuentas, en una serie de recomendaciones, pide a Adif que arbitre medidas para evitar estas demoras o «paralizaciones innecesarias».

Informes favorables
Las alegaciones del administrador ferroviario también bajan al detalle de proyectos concretos fiscalizados en la provincia de Tarragona. En el caso de proyecto en Vandellòs i L’Hospitalet de L’Infant, se argumenta la conveniencia de unas obras complementarias en lugar de acometer una nueva licitación que supondría más obstáculos y demoras y adjunta para ello un informe favorable de la Subdirección General de Inspección de Servicios y Obras del Ministerio de Fomento. 

Sobre la estación de Cambrils, explica que «las obras se han ido ejecutando hasta el momento en el que, de forma imprevista, se constató que eran imprescindibles obras complementarias que pasaban a ser necesarias por su naturaleza para cumplir con el objetivo marcado en la documentación contractual», en referencia a que se trata de una «obra completa susceptible de ser entregada al uso público a su terminación»