Tarragona casi agotará su suelo comercial con la llegada de Ikea

Si ahora mismo hubiera una firma que quisiera impulsar un proyecto de dimensiones similares a la inversión que realizará la multinacional sueca, no podría hacerlo

19 mayo 2017 17:20 | Actualizado a 21 mayo 2017 15:47
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El proyecto para el inicio de la construcción de Ikea ya se encuentra, ahora sí, en su recta definitiva. Pese a ello, esto ha puesto encima de la mesa un nuevo problema para el Ayuntamiento de Tarragona. Y es que con la llega de la multinacional sueca del sector del mueble y del hogar la ciudad prácticamente habrá agostado sus reservas de suelo comercial disponible.

Con la situación actual, si otra firma hiciera una apuesta de similares características no podría venir. Así lo confirma el concejal de Territori i Mobilitat, Josep Maria Milà, quien asegura que «si quisiera venir otro Ikea no tenemos suelo».

Fue a mediados de la semana pasada cuando la Junta de Govern Local del Ayuntamiento de Tarragona aprobó de forma definitiva los proyectos de urbanización y reparcelación del Pla Parcial 10, la zona donde se implantará el futuro centro comercial y que dará acceso al Anillo Olímpico de los Juegos Mediterráneos de 2018.

El plan comprende una superficie total de 302.784 metros cuadrados, de los cuales unos 30.829 se destinarán a usos residenciales y otros 68.000 a superficie comercial. El resto está destinado a equipamientos, espacios verdes y el sistema viario. Milà calcula que la superficie comercial que quedará en este ámbito susceptible a la llegada de nuevas inversiones es de unos 10.000 metros cuadrados.

De hecho, es la Generalitat quien debe aprobar el incremento de la superficie comercial que puede tener Tarragona. Así lo establece una ley de 2006 en la que, para evitar la propagación de grandes superficies comerciales y preservar los negocios tradicionales de toda la vida, se decidió poner una serie de limitaciones. La principal hace referencia a la disponibilidad de suelo.

Las grandes superficies tan solo pueden construirse en espacios delimitados dentro de Trames Urbanes Consolidades (TUC), que regula el Govern autonómico en función de las dimensiones de las ciudades.


El Govern lo descartó
En su momento, el Ayuntamiento de Tarragona hizo una propuesta para ampliar la TUC en otros dos planes parciales. Sin embargo, la Generalitat lo desestimó.

Uno de estos es el PP9. Con una extensión bruta de 514.602 metros cuadrados, es una pieza que delimita con los barrios de L’Albada y La Floresta, la T-11 y la A-7. Sus enlaces son inmejorables y de hecho ya hay dos grandes superficies comerciales, como son Carrefour y Bauhaus.

Por otro lado, el PP13 está delante del barrio de Campclar. Tanto Brico Depot como Makro forman parte de una pieza más pequeña, con una extensión de 196.590 metros cuadrados.

Tanto el POUM como el Pla Director de l’Activitat Industrial i Turística del Camp de Tarragona establecían que la industria que aún quedaba en estos terrenos se iría transformando progresivamente en sector terciario, y que se incluiría dentro de la TUC. «La Generalitat nos dijo que hoteles y oficinas, sí, pero no grandes superficies comerciales», lamenta Milà. Una solución que también es la que adoptaron en el caso del PP9.

El responsable en materia urbanística del Ayuntamiento de Tarragona considera que una opción sería «reconsiderar» la posición que adoptó la Generalitat. «Son sectores sin una actividad económica, ya que ahora mismo no hay demanda de suelo ni para oficinas ni para hoteles», describe Milà.

La reconsideración del PP9 es la prioridad encima de la mesa. «Las cosas en la vida pueden cambiar», argumenta Josep Maria Milà.

La ley catalana no pone limitación alguna a la apertura de pequeñas y medianas superficies, con unas dimensiones que en total no acostumbran a superar los 3.000 metros cuadrados.

En cambio, establece que los comercios grandes –y considera que estos son los que superan los 1.300 metros cuadrados tan solo de venta– necesitan una licencia comercial, que otorga la Generalitat de Catalunya.


Una vieja reivindicación
La ampliación de Les Gavarres es una vieja reivindicación que quedó definitivamente aparcada en mayo de 2011, cuando el pleno de la administración local aprobó definitivamente la Trama Urbana Consolidadad (TUC), pese a les alegaciones que presentaron los comercios.

El gestor de la Agrupació d’Interès Econòmic (AIE) de Les Gavarres, Ramon Rull, defiende la «libertad comercial». De hecho, ahora mismo no hay suelo disponible para la llegada de nuevos establecimientos en esta área. «Queda tan solo alguna nave o local medio vacío, pero en cuanto a edificación aquí ya no podemos seguir creciendo», aseguró Rull.

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