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El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética impedirá que las zonas urbanas declaradas bajas en emisiones puedan revertirse, porque «cualquier medida municipal que suponga regresión deberá contar con un informe positivo de administraciones estatales o autonómicas competentes».
El nuevo borrador de dicha ley establece que será obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y amplía las entidades que deben evaluar el riesgo climático al que está sometida su actividad. En nuestra provincia, afecta tan solo a Tarragona y Reus.
El texto del anteproyecto de ley ya ha sido presentado por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, dentro de los trámites previos a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.
El borrador fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección ambiental. Además como novedad, el texto indica que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares habrán de impulsar medidas de movilidad eléctrica compartida.
Según la ministra, las zonas de bajas emisiones en las ciudades son «fundamentales» por razón de salud pública, ruido, y otras, y por ello, desde el Gobierno se ha optado por «endurecer» las disposiciones, a la vista de los comentarios de la consulta pública.
Para favorecer la expansión de ese transporte el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga.
