La convocatoria electoral del 21-D, lanzada por sorpresa por el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ha tenido efectos balsámicos sobre la situación de tensión y zozobra que pesaba sobre los ciudadanos de Catalunya. El hecho de que la práctica totalidad de partidos hayan anunciado ya su intención de participar en los comicios ratifica que la mejor salida para superar estos graves momentos era acudir al dictamen de las urnas. Sin embargo, también hemos asegurado de forma reiterada que el 21-D es una salida, pero no es la solución. El problema político de fondo de Catalunya persistirá tras las elecciones de diciembre. Incluso puede que, en función de los resultados, el conflicto se envenene todavía más. Hoy podemos asistir a la confirmación de un nuevo factor que enrarezca todavía más el clima político catalán. Si el cesado president Puigdemont y varios de sus consellers confirman su intención de solicitar asilo político, contribuirá muy poco a la normalidad de la campaña electoral. Ya supone una distorsión política que permanezcan en prisión los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Ambos nombres se barajan de forma insistente para encabezar alguna de las candidaturas, ya que, al no estar condenados, conservan intacto su derecho de sufragio y de participación electoral como candidatos. Sería deseable que el 21-D no sólo fuera un bálsamo pasajero, un mero paño caliente al problema catalán, sino que sus efectos beneficiosos fueran más profundos y duraderos. Ninguna de las encuestas y sondeos realizados en Catalunya augura que el 21-D pueda arrojar un resultado abrumador hacia ninguna de las partes. Pase lo que pase estamos obligados a buscar fórmulas de diálogo y de pacto que, seguramente no satisfarán al cien por cien a ninguna de las partes, pero son la única garantía de convivencia. Con candidatos entre rejas y otros en el exilio, no tendremos el mejor clima para votar en paz.
