A vueltas con el plan de desescalada

El plan de desescalada del Gobierno no ha estado exento de críticas. Algunos de los argumentos parecen convincentes. Hay, por ejemplo, quien dice que es absurdo imaginar que los negocios de restauración que hayan de reducir el aforo a un 30% del habitual y que además tengan que invertir algunos recursos en modificar la infraestructura pueden soportar esta carga y mantenerse abiertos. No faltan quienes aseguran que las limitaciones a la movilidad frustrarán la revitalización del turismo interior, que es el único que puede experimentar cierta recuperación, después del colapso del turismo internacional, que nos proporciona el 70% del negocio. Diversas voces aseguran que numerosas industrias culturales, como las asociadas al cine o al teatro, no son viables si tienen que limitar también el aforo de forma que se pueda mantener la ‘distancia social’ entre los espectadores. Y analistas acreditados reconocen que no volverá a ser lo que era la industria del automóvil si se mantienen tanto tiempo límites a la movilidad e incluso se establecen fórmulas de teletrabajo que van en contra del hábito tan nuestro de vivir muy lejos de la fábrica o del despacho. Todo esto puede ser cierto, pero la cruda realidad es que nos encontramos ante un dilema insoluble: puesto que seguimos sin tener un remedio contra el coronavirus, no es posible restablecer las actividades anteriores a la pandemia en el comercio, la restauración, la hostelería, los espectáculos y en innumerables actividades más guardando al mismo tiempo las precauciones sanitarias que impidan el contagio y por tanto la extensión de la pandemia. Dicho de otro modo, numerosos problemas consisten en la existencia de una contradicción insoluble entre el retorno a la normalidad y la prevención sanitaria. No se trata, en definitiva, de que el Gobierno tenga un modelo de desconfinamiento y la oposición otro, sino de que el modelo es ingrato para todo el mundo. Cuando hay tantas vida en juego, resulta indignante que nos encontremos en esta tesitura, que la clase política no sabe gestionar.