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Opinion Editorial

Delincuencia de efecto colateral

No sería de recibo que Tarragona sirviera de válvula de escape de la delincuencia que expulsa el Cap i Casal.

Diari de Tarragona

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Discoteca donde se registró el último crimen en Barcelona. EFE

Discoteca donde se registró el último crimen en Barcelona. EFE

En los días previos a la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, la Ciudad Condal fue materialmente sitiada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En aquellos años, la banda terrorista ETA estaba plenamente activa y los Juegos Olímpicos eran un objetivo muy goloso para planear una acción violenta que tendría repercusión mundial. El despliegue policial llegaba a todos los rincones de la ciudad, pero de una manera especial al metro y otros medios de comunicación públicos. De hecho, el gran despliegue de seguridad consiguió abortar un intento terrorista de colocar un explosivo en el Estadio Olímpico de Montjuïc que, gracias a la diligencia policial, pasó prácticamente desapercibido.

El plan para blindar Barcelona tuvo un efecto colateral que nadie había calculado. El despliegue policial fue tan exhaustivo que los amigos de los ajeno se vieron incapacitados para desarrollar sus planes malévolos. En Barcelona era imposible trabajar sin darse de bruces con algún miembro de las fuerzas de seguridad. El índice de delincuencia bajó de una manera significativa en la Ciudad Condal, para que luego digan que la presencia policial no es la solución para combatir la delincuencia. Lo cierto es que como los malhechores no podían consumar sus fechorías en Barcelona tuvieron que emigrar a otras ciudades próximas para poder seguir en la impunidad. Salvando todas las distancias y aplicando los matices necesarios, conviene lanzar la alerta para que aquella situación vivida en el año 92 no se vuelva a producir. De entrada ya ha sido interceptada en Tarragona una caterva de cuatro maleantes que acumulan una buena lista de delitos cometidos en la Ciudad Condal. La creciente protesta ciudadana por la inseguridad en la capital de Catalunya ha incrementado la presión policial hacia los pequeños bandidos que, ante la inoperancia jurídica para ponerlos a buen recaudo, deciden buscarse la vida en otros lares. No sería de recibo que Tarragona sirviera de válvula de escape de la delincuencia que expulsa el Cap i Casal.

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