El Gobierno juega en la Liga

En estos tiempos, en los que casi todo se discute, ha sido escasa la controversia sobre la intervención del Gobierno en el mercado de los derechos del fútbol, pero no significa que se haya justificado de forma convincente ni que vaya a acabar bien. De momento, parece que ni los profesionales ni la federación están conformes, o al menos en eso han basado –aunque las razones de fondo se intuyan otras- la convocatoria de una huelga indefinida, que debería haber comenzado este domingo y, de momento, ha quedado cautelarmente pospuesta por una resolución de la Audiencia Nacional que permite completar la actual temporada de competición.

Acaso consciente de que la incursión en un ámbito privado es discutible, la redacción del decreto ley, publicado el pasado 1 de mayo (www.boe.es), dedica nada menos que cinco páginas y media a la exposición de motivos, frente a poco más de doce para desarrollar el articulado. Parte se centra en tratar de justificar que se prive a los clubes de su derecho a negociar, individual y libremente sus derechos de comercialización audiovisual; de los que, por cierto, queda excluida la radio, sin explicar la razón. Puede convencer… o no. Ayudan poco la habitualmente farragosa redacción de la norma y la intuición de que su aplicación no será fácil ni asegura evitar que continúe la litigiosidad que ha dominado el asunto los últimos veinticinco años. Y, a título de curiosidad, hay que mencionar la reincidencia en el uso indebido, contrario a sus significados, del verbo ‘detentar’: “1.- Retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público. 2.- Retener lo que manifiestamente no pertenece” (www.rae.es).

Esas u otras disquisiciones al margen, el que parece uno de los propósitos esenciales de la norma, obtener mayores ingresos por la transmisión de las competiciones, difícilmente se puede garantizar. Se han barajado cifras entre 1.000 y 2.000 millones de euros por temporada como objetivo o cuando menos aspiración a recaudar. Se entienden alcanzables mediante la impuesta negociación conjunta, pero están muy por encima de las obtenidas en la hasta ahora vigente negociación individual. Y, lo que es más importante, están lejos de los ingresos que ha generado la difusión de encuentros mediante televisión de pago: sólo 515 millones de euros, según un estudio que acaba de difundir la consultora KPMG. Puede que la pretendida regulación del mercado de los derechos futbolísticos haya olvidado el papel determinante que corresponde al consumidor. El mercado nacional de la televisión de pago nunca ha logrado alcanzar los tres millones de abonados, en tanto las cifras de audiencia de los encuentros sólo son significativas cuando coinciden los tres o cuatro equipos más renombrados o está en juego el desenlace de la competición. Las cadenas han migrado de la comercialización partido a partido a la suscripción de abonos para toda la temporada, pero su captación ha ido a menos, en lugar de a más. Aunque las cifras de margen son bastante confusas, hay coincidencia en que son negativas; es decir, los clubes reciben más de lo que los espectadores han estado hasta ahora dispuestos a pagar. Desde tal realidad, resulta dudoso que la cotización de los derechos aumente conforme parece marcar como objetivo el decreto-ley, al menos en el corto plazo.

Lo que de verdad sobrevuela el mundo del fútbol –aunque se menciona poco- son razonadas dudas sobre la sostenibilidad del modelo, por mucho que haya desembocado en una pretendida supremacía de la Liga española... ¿a nivel mundial? Los clubes han llegado a acumular deudas por alrededor de 4.000 millones de euros –entre otras, a Hacienda y Seguridad Social-, varios entraron o están en situación concursal, la práctica totalidad tiene abultadas deudas con entidades bancarias, pocos cierran el año sin déficit de explotación y apenas cuatro o cinco cuentan con una masa de socios-abonados correlativa a la capacidad de sus estadios y el volumen presupuestario que manejan. Hacían falta, sin duda, amplias dosis de racionalidad y ordenación y, en ese sentido, hay aportaciones positivas en el decreto ley. Cuestión distinta es si está debidamente justificado que el Gobierno haya sustituido la responsabilidad sectorial y que su intervención dé esta vez mejores frutos que otras precedentes que es mejor no recordar.

El tiempo dirá si fiar casi todo a que paguen más las televisiones, es decir los espectadores, y haber forzado la negociación conjunta ha sido la mejor fórmula para tornar sostenible un modelo que, ahora mismo, no parecía serlo.