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El momento de los grandes pactos

Salvador Aragonés

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La dificultad en España para hacer gobierno sitúa la política española en la encrucijada de los grandes pactos de Estado, en temas que hasta ahora no ha podido resolver la Constitución de 1978. Para esos grandes pactos se necesitan mayorías cualificadas y consensos multilaterales entre los cuatro grandes partidos.

Está claro que es imposible hacer un pacto o acuerdo entre Rajoy y el PSOE de Pedro Sánchez: este se presentó a las elecciones con el lema: ‘Echar a Rajoy de La Moncloa’. Con una pizca de coherencia no lo podrá hacer nunca presidente ni tampoco llegar a acuerdos. El PSOE deberá resolver este problema si quiere llegar a grandes pactos y reformas.

En primer lugar está la estructura territorial del Estado y clarificar las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y las del Estado. El Estado de las Autonomías ha sido un invento español que en los últimos 37 años ha funcionado, diríamos, ad experimentum. Hay comunidades que no quieren gestionar los grandes paquetes de la sanidad o la educación y otras que quieren gestionar más cosas, como por ejemplo el caso de Catalunya que le gustaría tener el concierto económico.

En las nuevas autonomías habría que eliminar la duplicidad de funciones. A modo de ejemplo, ¿qué hacen tantos defensores del pueblo? O también, ¿qué pintan las diputaciones, consejos comarcales, veguerías y tantos organismos intermedios entre las autonomías y los ciudadanos? Es necesaria una reforma administrativa, asignatura pendiente desde la transición.

Hay partidos, como Ciudadanos y el PSOE –lo dice el documento del Comité Federal del pasado día 28 de diciembre– que quieren un gran Pacto Nacional sobre la Educación, lo mismo que se hizo entre el PSOE y la UCD en 1978.

Es a todas luces necesario modificar la estructura y el modo de elección tanto del Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial, a los que hay que despolitizar. A lo mejor sería necesario eliminar el Tribunal Constitucional, y que sus funciones sean absorbidas por una Sala del Tribunal Supremo.

Además debería resolverse la sucesión al Rey –ahora solo puede ser un varón– que la Monarquía tenga un estatuto específico que marque los deberes y derechos de cada uno de los miembros de la Familia Real.

Otra cuestión: eliminar el aforamiento de los diputados y senadores, así como de los diputados autonómicos, con un claro acento a la corrupción.

Clarificar lo que significa la aconfesionalidad o en su caso la laicidad del Estado.

Elaborar una nueva ley electoral que premie a los ciudadanos y no tanto a los territorios.

Todo ello, entre otras cosas, requerirá un cambio constitucional de calado, una reforma constitucional a fondo, que deberá ser aprobado por un referéndum entre todos los españoles. De este modo se terminará también con las reivindicaciones de referéndums autonómicos, que no son más que peticiones de autodeterminación.

En resumen: ¿qué se entiende por España en el siglo XXI? España necesita una renovación, un cambio, en el que como dijo el rey Felipe VI quepan todos y no sobre nadie. La estructura del Estado necesita una reforma, un nuevo encaje de las principales instituciones.

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