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Opinion EDITORIAL

En vísperas de otras jornadas determinantes

Los máximos responsables del Govern deben actuar en interés del conjunto del país al que representan

 

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Ofrenda en la tumba del president Companys, fusilado por el franquismo. EFE

Ofrenda en la tumba del president Companys, fusilado por el franquismo. EFE

La peor crisis de la democracia española, si se exceptúa el 23-F, está siendo el contencioso catalán. El Estado lo afronta con un gobierno en franca minoría, que necesita apoyos para todo, incluso para sacar adelante los presupuestos. Como es sabido, el PP dispone de 137 escaños, y ni siquiera con la ayuda de Ciudadanos (32 escaños) consigue la mayoría absolutas. Y sin embargo, el ejecutivo presidido por Rajoy está consiguiendo la fuerza que necesita de las formaciones constitucionalistas para afrontar la situación en Catalunya. PSOE y C’s apuestan decididamente por contribuir a la estabilidad del sistema, y lo hacen de una forma que podríamos calificar de desinteresada. El PSOE, controlado por Pedro Sánchez (el candidato que se oponía a permitir la investidura de Rajoy), ha secundado al Gobierno del PP en los momentos claves del proceso catalán, y, en concreto, a la hora de requerir a Puigdemont para que regrese a la legalidad constitucional como paso previo a la aplicación del artículo 155. Así las cosas, parece descartable que la legislatura avance significativamente en todo lo que no sea el encauzamiento de la cuestión catalana. Y no habrá otros movimientos significativos hasta 2019, a no ser que vengan precisamente motivados por el devenir de los acontecimientos en Catalunya.
Por lo tanto, desde Catalunya no cabe mirar hacia otras latitudes, ni españolas ni mucho menos europeas, a la hora de resolver el callejón sin salida en que se encuentra el proceso independentista. Mañana llega otro día clave, en que la respuesta al requerimiento formulado por el Gobierno español vuelve a estar en las manos del presidente Puigdemont, sometido a fuertes presiones desde todos los bandos. Cabe esperar que los máximos responsables de nuestras instituciones actúen en interés del conjunto del país al que representan y detengan una escalada que ya solo puede conducir a escenarios mucho peores para todos.

 

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