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Opinion TRIBUNA

Hagan algo... ¡deberían dejar de gritar!

La crítica a las resoluciones judiciales no sólo es legítima, es necesaria pero la ‘visceralización’ del debate destruye el argumentario y, entre el ruido, sólo se oye al que grita más alto.
 

DIEGO ÁLVAREZ DE JUAN. Juez Decano de Reus.

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Un vehíuclo policial sale del Tribunal Supremo. EFE

Un vehíuclo policial sale del Tribunal Supremo. EFE

Hemos visto en tantas películas la estampa de las enormes escalinatas de la Corte Suprema de Nueva York que ya forman parte de nuestro imaginario colectivo, aunque, tal vez, pocos sepan que sobre la imponente estructura de columnas que corona esas escaleras hay una inscripción que dice que «la verdadera administración de justicia es el pilar más firme del buen gobierno». Los modelos anglosajones de justicia tienen muchos defectos, pero en algo sobresalen por encima de casi todos: el respeto institucional a la judicatura. Un respeto, normalmente, transversal y que se promueve por todos (y para todos).
España vive, desde hace ya demasiado, tiempos de zozobra institucional y, últimamente, el charco ha alcanzado a los Jueces y Tribunales… La judicialización del «prusés» primero y la sentencia de «La Manada» después, han provocado una respuesta de tal virulencia en la sociedad que debe obligar a la reflexión. 
Ataques a sedes judiciales y menosprecios o amenazas a jueces han sido un lugar común en estos últimos meses. La crítica a las resoluciones judiciales no sólo es legítima, sino que, además, es necesaria en un espacio democrático como el que habitamos, pero la «visceralización» del debate destruye el argumentario y, entre el ruido, sólo se oye al que grita más alto (porque la crítica debe ir destinada a que las realidades jurídicas y sociales sean tributarias la una de la otra y no divergentes). Se ha desatado una carrera por escribir el tuit más ingenioso y más hiriente (y más populista, claro). Y si hay algo que no cabe en 140 caracteres (¡ni en 280!) es una crítica a una resolución judicial. 
La reducción es, habitualmente, al absurdo y, entonces, todos los jueces somos unos fascistas y unos machistas. El ciudadano tiene derecho a estar enfadado y a mostrar su desacuerdo contra cualquier resolución judicial, pero la crítica irresponsable de muchos representantes públicos (políticos, sociales y mediáticos) ha servido para generar una sombra de duda sobre una labor, la judicial, que sólo tiene un objetivo: imponer la certeza allí donde hay conflicto. 
A lo que no tiene derecho el ciudadano es a recibir opiniones imprudentes. Nuestros representantes institucionales deben coger el altavoz para serenar a las masas y no para alentarlas. Deben ser los primeros en hacer una valoración sosegada y técnica de las sentencias para transmitírsela a la gente (no hay que olvidar que un volumen importante de aquellos representantes ha pasado por las Facultades de Derecho…). Decir que hay presos políticos en España, anunciar una sentencia condenatoria antes de celebrar incluso el juicio, gritar que los jueces son machistas o insinuar que este o el otro Juez tiene algún tipo de «problema» es irresponsable. Lanzar a la sociedad contra sus jueces desborda la crítica hacia ellos y no es el mejor ejercicio para hacer más firme el pilar de la verdadera justicia que sujeta al verdadero gobierno… Desgastar ese pilar es desgastarlo todo. 
El ataque irreflexivo merma la confianza del ciudadano en sus jueces (porque la Justicia emana del pueblo) y sin confianza llega la desafección. Hoy es el «prusés» o «La Manada», pero, más tarde, será otra cosa. Mañana, como cada día, miles de ciudadanos entrarán en los Juzgados en busca de una solución a su divorcio, a su deuda impagada, al robo de su masía, a su despido improcedente… y no sabrán si ese tipo que tienen en frente y que viste una sábana negra es de fiar. Y es que les llevan diciendo mucho tiempo que los jueces somos o fascistas o machistas o que, directamente, nos falta un tornillo...
«Los poderes ejecutivo y legislativo tienen la obligación de proporcionar toda la protección necesaria y adecuada cuando la labor de los tribunales se vea amenazada por ataques o intimidaciones contra los miembros del poder judicial. La crítica desmedida por parte de responsables políticos es algo irresponsable y supone un serio problema, ya que puede minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, involuntaria o deliberadamente. Ante ello, el poder judicial debe señalar que ese comportamiento es tanto un ataque contra la constitución de un Estado democrático como un ataque contra la legitimidad de otro poder del Estado. Ese comportamiento es también contrario a los estándares internacionales». Esta no lo digo yo, lo dice el Consejo Consultivo de Jueces Europeos en su informe número 18 emitido en Londres el día 16 de octubre de 2015 y que versa sobre «la posición del poder judicial y su relación con los demás poderes del Estado en una democracia moderna».  
Este Consejo Consultivo, que está integrado en el Consejo de Europa, tiene claro que la verdadera administración de justicia es el pilar más firme del buen gobierno. 
Ojalá los tuiteros oficiales del reino lo tuviesen la mitad de claro.
 

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