Ya hemos podido decidir, con nuestro voto en las urnas, la composición de los Ayuntamientos en nuestros pueblos y ciudades. Y hemos podido efectuar nuestra censura democrática a aquellos partidos que habíamos votado en alguna o varias ocasiones, pero que nos habían decepcionado; y les hemos negado el apoyo, con nuestra abstención o con el cambio de papeleta en la urna. Ahora, después de ver y comprobar como aquellos partidos denominados emergentes, están realizando el mismo juego democrático, de táctica y estrategia, en la actual etapa de diálogo, negociación y pacto; solamente nos queda esperar hasta el último día, para verificar si el sentido que hemos dado a nuestro voto, es el que se corresponde con la realidad o no. Y guardar nuestro recuerdo, para rectificar o no, en las próximas elecciones autonómicas y generales, dentro de unos pocos meses.
Pero, más allá de tener que aceptar la realidad del sistema democrático de partidos políticos, con unas verdaderas luchas por el poder, disfrazadas de táctica o estrategia; nos queda la capacidad de confiar y controlar, por si acaso, que los nuevos gobiernos municipales, se van a ajustar a las dos principios básicos que, en mi opinión, deberían estar en la primera página del manual del representante político: la honestidad y la eficacia.
La honestidad, en la actuación político-municipal, no sólo debe ser considerada en su aspecto económico de no apropiarse indebidamente de aquello que no es de uno; sino que también debería ser entendida como aquella actitud pública que está basada en el trato igual a todos los ciudadanos; en no alterar el orden de resolución de las cuestiones pendientes; y, por último, en no querer beneficiar a amigos, parientes o conocidos, así como a terceros, que puedan ofrecernos compensaciones personales o de grupo político.
La eficacia, por su parte, entiendo que consiste en ajustarse al cumplimiento de la ley, ofreciendo seguridad jurídica, tanto al ciudadano, como al posible emprendedor, que arriesga su patrimonio, para crear riqueza y puestos de trabajo. Y también debe ser considerada la eficacia, como aquella actividad que no retrasa las decisiones a tomar, ni tolera el abandono de las situaciones personales de riesgo, derivadas de unos niveles de renta bajos o nulos, en su ámbito territorial, con el debido respeto a la dignidad de las personas.
En definitiva, honestidad en el ámbito económico y político; así como eficacia en la resolución de asuntos, conforme a la legalidad vigente; junto con ayuda a quienes más la necesitan, en estos tiempos difíciles en que nos ha tocado vivir.
Y todo ello, en forma clara y notoria, sólo y exclusivamente en aquellos ámbitos políticos y legales que se correspondan con las facultades y competencias municipales. Y sin querer resolver cuestiones, cuyas competencias pertenecen a otros ámbitos del poder político, en cuyo caso se estaría faltando ante la ciudadanía, a la debida honestidad y eficacia.
