La Democracia y la Ley

‘El  poder consiste en decidir lo que significan las palabras» (Lewis Carroll).

La confusión en torno a la idea de Democracia y de Ley en Cataluña, una sociedad culturalmente desarrollada, con un alto nivel educativo e importante punta de lanza del desarrollo y el progreso de España, es ya sencillamente tóxica para una cultura política digna de tal nombre. Se mire por donde se mire, el llamado procés lleva implícita tal carga ideológica, que desde hace tiempo muchos de los opinadores que saturan los Media se muestran absolutamente porfíados manipulando conceptos perfectamente claros para la Ciencia Política. 

¿Por qué callan los profesionales catalanes que podrían poner los puntos sobre la íes? Se clama: Volem Votar! No tenim por! Llibertat d’expressió! Bravo, pero lo que no se puede es votar todo lo que nos dé la gana. No por negar el miedo vamos a dejar de tenerlo. Y la libertad de expresión no puede anular la de los demás. 

Decía Voltaire: «Lorsqu’une fois le fanatisme a gangrené un cerveau, la maladie est presque incurable». De otra manera no se entendería la insistencia en que la Democracia está por encima de la Ley, cuando es precisamente la Ley la que instituye la democracia. Al menos desde que el Señor de la Brède escribiera su brillante De l’Esprit des lois (1748), un clásico que se resiste a envejecer y que sentó las bases del gobierno constitucional moderno del que todos se reclaman y al que dicen ajustarse, salvo cuando va en contra de sus intereses políticos partidistas, claro. 
Por poner un ejemplo burdo de estos agitados días. Arnaldo Oteguí, responsable cuando menos moral del asesinato de 21 personas y 45 heridos en el atentado de ETA de Hipercor en Barcelona en 1987, fue recibido el pasado 11 de septiembre por independentistas catalanes entusiasmados y agradecidos (¿?) por venir a la Diada a hacer una ofrenda floral en recuerdo de Rafael Casanova, y de paso solidarizarse con la «legítima» reivindicación unilateral de independencia de Junts pel Sí y la CUP. 

Puso el siguiente tuit: «La democracia consiste en respetar lo que decide la gente. Después vienen las leyes». Suspendido. Halló inmediata respuesta: «No. Si fuera por respetar lo que decide la gente a ti te habrían cortado los h….. Lo que te ha salvado han sido precisamente las leyes». Sobresaliente. No se puede resumir mejor el espíritu del barón de Montesquieu. De hecho, hemos podido ver cómo los Mossos le protegían del periodista Cake Minuesa que le increpaba. La ley protege el derecho de Otegui, una vez cumplida su pena, a expresar libremente su solidaridad con el independentismo catalán. Eso es democracia.

Legalidad y legitimidad son dos conceptos muy claros que explicamos en primer curso de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Parece que la mayoría de la clase política independentista y los opinadores subvencionados andan un poco flojos en conceptos tan elementales. 

La «legalidad» es simplemente lo que establecen las leyes. La «legitimidad» es la sanción democrática de las mismas. La dictadura franquista estableció una «legalidad ilegítima», la Democracia establece una «legítima legalidad». La diferencia es obvia. 

Los manipuladores de la opinión pública pueden decir lo que quieran, pero España es una democracia reconocida por la legalidad internacional. Con mayores o menores disfunciones que otras, por supuesto, pero es una democracia. Una democracia garantizada y regulada por la propia Constitución de 1978, la ley de leyes por antonomasia a la cual han de subordinarse todas las demás y, por supuesto, reformable de acuerdo con el principio democrático de las mayorías como en todas las democracias modernas. 

En Cataluña, no es que se haya despreciado la Constitución, que protege y garantiza los propios Derechos Humanos que tanto se invocan arguyendo que no son respetados en Cataluña, confundiéndolos con derechos políticos exclusivos o colectivos que pretenden serlo de Derecho Natural, un derecho inexistente. Se desprecia la propia legalidad estatutaria y los reglamentos que se han dado los catalanes a sí mismos, como hemos tenido ocasión de comprobar estos días en unas bochornosas sesiones en el Parlament de Catalunya. 

Se dice que no queda otro remedio que romper la legalidad vigente «opresora» cuando se cercenan los derechos legítimos de las mayorías para imponer su propia ilegítima legalidad «liberadora». Pero ese argumento es completamente falaz por mucho que se tenga una ajustada mayoría parlamentaria, que no electoral habiendo perdido las elecciones. 

Artur Mas proclamó ufano al mundo: «Hem guanyat, hemos ganado, we have won, nous avons gagné». Mentía, puesto que las elecciones se plantearon en clave plebiscitaria y sus partidarios no alcanzaron la mayoría. No es lo mismo ganar unas elecciones, lo que otorga el derecho a gobernar, que plantear una secesión territorial unilateral sin una mayoría parlamentaria inequívoca suficientemente cualificada de acuerdo con la legislación internacional que tanto invoca Oriol Junqueras. Por eso se eligió desde el inicio del procés la puerta trasera de la vía ilegal e ilegitima del plebiscito como en las dictaduras. 

Las masas son siempre más fácilmente maleables que los ciudadanos. En el programa de Ana Pastor de La Sexta TV de hace unos días, Junqueras defendió ajustarse a la legalidad internacional para justificar la vía catalana a la secesión. Mentía. 

La ONU sólo reconoce el derecho de autodeterminación para países colonizados y donde no se respeten los derechos humanos. Cataluña no puede hacer el ridículo planteando semejante supuesto que, increíblemente, sostiene nada menos que algún catedrático catalán de historia. No tendría el menor recorrido jurídico. No es, pues, casual ni una clamorosa injusticia que los independentistas sean ignorados en todas las instancias internacionales. Ninguna democracia moderna reconoce el derecho a la secesión de un Estado democrático que garantiza los derechos civiles y políticos en régimen de igualdad para toda su población. 

Y termino con una coda al manoseado derecho a la libertad de expresión. Se grita y abuchea al Jefe del Estado y demás autoridades españolas, venidas expresamente a Barcelona para solidarizarse con las víctimas, los barceloneses y los catalanes en nombre, nada menos, que de la libertad de expresión, expresando con ello su manifiesto incivismo. 

Se abuchea a nuestro alcalde Josep Félix Ballesteros por defender gallardemente la legalidad y la legitimidad democrática impidiéndole el ejercicio de su libertad de expresión a lo largo de un brillante discurso inequívocamente democrático, solidario e integrador durante la Diada. Eso es propio de mentalidades fascistas, no de ciudadanos demócratas.