El concepto del lobby, del grupo de presión y/o de influencia, no es simpático porque, como resulta evidente, representa intereses particulares o de sector, que se confrontan de un modo u otro con el interés general. Sin embargo, ese interés general debe ser inclusivo y ha de comprender la resolución de aquellos conflictos concretos cuya solución ofrezca un saldo positivo o vaya en la dirección de los valores predominantes de la sociedad. Es natural que los distintos actores sociales intenten llegar a los representantes políticos, lo lógico es hacer todo lo posible para que estas relaciones sean absolutamente transparentes y se sometan al principio de legalidad. Hasta el momento, y aunque el asunto ha circulado por diferentes circuitos, la única iniciativa que ha prosperado ha sido la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También pretende conseguir transparencia, al menos en teoría, la propuesta legislativa del Partido Popular para la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados que incluye la regulación de los grupos de interés. La iniciativa, recibida con ironía por las minorías, que aplaudieron el súbito «impulso regenerador» de PP, acabó encontrando respaldo general, salvo la abstención de Podemos. Una vez admitida a trámite y convertida en proposición de ley, será ahora debatida y enmendada. Finalmente, se convertirá en ley mediante simple votación del Congreso, sin tener que pasar por el Senado.