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Opinion EDITORIAL

La suspensión de los independentistas

Las prisas por suspender a los diputados independentistas han puesto en riesgo la garantía del suplicatorio

 

Diari de Tarragona

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Meritxell Batet da a cnocer la decisión de suspender a los diputados independentistas. EFE

Meritxell Batet da a cnocer la decisión de suspender a los diputados independentistas. EFE

La Mesa del Congreso ha suspendido de sus funciones como diputados a los cuatro independentistas procesados, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, según anunció ayer la presidenta de la Cámara Meritxell Batet. La decisión fue adoptada por la Mesa después de que los letrados de la Cámara avalaran en un informe la suspensión, y después también de que el Supremo insistiera en que la decisión debía tomarse en las Cortes y no en la judicatura. La insistencia del alto tribunal de quitarse de encima la decisión última del problema, por muy evidente que pudiera parecer el dictamen, ratifica las dudas sobre el procedimiento empleado para suspender a los diputados. La propia Meritxell Batet, cargada de dudas, calificó la cuestión de «gran complejidad jurídica». Para ser exactos, la complejidad de la cuestión es política y por su propia complejidad Mariano Rajoy y sus asesores decidieron quitarse de encima el problema pasándolo a la Justicia. Aquellos polvos han traído estos lodos. ¿Por qué no ha querido el Tribunal Supremo tomar la decisión de la suspensión? Entre otras cosas porque el Congreso no ha aprobado el suplicatorio necesario para dictar la suspensión de un miembro de la Cámara. ¿Quién podrá justificar que un diputado elegido democráticamente puede ser relevado de sus funciones con el mero dictamen no vinculante de los letrados de la Cámara y la decisión de la Mesa? El mecanismo cuestiona la finalidad última del suplicatorio, que no es otra que proteger a los diputados de su función representativa y, al mismo tiempo, salvaguardar la división de poderes del Estado de Derecho. Algunos han tenido mucha prisa por apartar del hemiciclo a los diputados independentistas. Con toda seguridad, de haberse seguido el procedimiento legal establecido, la suspensión hubiera estado cantada, pero de la forma que se ha procedido se ha puesto en cuestión la salvaguarda de la soberanía popular. Las prisas son malas consejeras y más cuando un problema político se ha querido judicializar. 

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