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La urgencia de formar gobierno

Sería el colmo que las fuerzas políticas nos hicieran perder un año más por su incapacidad

Antonio Papell

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Los agentes financieros informan de que numerosas decisiones de inversión están detenidas, a la espera de que se forme gobierno. Las campañas de publicidad, que son vitales para la supervivencia de los medios de comunicación, están en gran medida detenidas por la misma causa. La economía no se ha detenido, obviamente, pero la desazón general que se ha esparcido por el país no es precisamente el territorio más adecuado para que se desarrollo el ánimo emprendedor. Y hay, por supuesto, numerosas medidas del sector público que deben adoptarse expresamente, y que el gobierno en funciones seguramente declinará porque no es su papel.

La espera puede parecer a algunos accidental y poco relevante. Después de todo, hemos oído muchas veces la chistosa alusión a los belgas, cuyo país –se dice– ha funcionado a las mil maravillas durante los largos periodos de desgobierno. Pero España no está todavía, tras la crisis, en situación de normalidad, y hay muchos problemas abiertos y algunos dramas abiertos que deben remediarse y que no admiten pacíficamente retrasos injustificados. Así por ejemplo, nuestros parados de larga duración que llevan dos años o más en desempleo, que son el 43,6% de los totales según la última EPA (la mitad de ellos llevan en realidad más de cuatro años sin trabajar) y han agotado por lo tanto el subsidio, dependen de los planes que se habiliten para subsistir, que hasta ahora se han gestionado con cicatería. Y se da el caso de que el programa Prepara tiene que prorrogarse en febrero, y aunque esta vez lo hará automáticamente porque el desempleo está todavía por encima del 20% (es del 20,9%), dentro de poco tendrán que tomarse decisiones; asimismo, el Programa de Activación para el Empleo caduca en abril, y los presupuestos 2016 incluyen una nueva partida de más de 120 millones para Orientación Laboral de los Parados de Larga Duración que todavía tiene que ponerse en marcha, y que seguramente no funcionará si el gobierno que sea no lo pone en pie.

Los resultados del 20 de diciembre son en apariencia endiablados porque no hay precedentes ni de una fragmentación tan compleja ni de un pacto transversal de gobierno que obligue a negociar y a pactar a adversarios ideológicos. Pero en la Unión Europea, los acuerdos de gobierno basados en coincidencias más o menos sólidas son habituales, y es raro que se generen largos periodos de inestabilidad, salvo cuando se entrecruzan problemas y rivalidades territoriales (el caso de Bélgica, donde el problema es de organización del país y no de rivalidades ideológicas). En otras palabras, no existe justificación válida para las fuerzas políticas que las exima de responsabilidad si no consiguen la gobernabilidad que reclama la ciudadanía con pleno derecho a ello.

A fin de cuentas, los programas electorales con que los partidos fueron al 20-D daban primacía a las grandes reformas –la constitucional, la electoral, la de regeneración democrática, la de recuperación del estado de bienestar–, cuya materialización necesitaría en cualquier caso el consenso entre todos los partidos. Y si se creía posible antes del 20-D que tal consenso podía obtenerse, ¿cómo no es ahora posible entenderse para algo mucho menos comprometedor, que es gobernar?

Los efectos de la crisis económica, que en parte son imputables a la clase política, nos han hecho perder casi una década en términos de desarrollo socioeconómico, y han producido un grave quebranto a la estabilidad social. Sería el colmo que ahora las fuerzas políticas nos hicieran perder un año más por su incapacidad.

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