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Más inmoral que ilegal

El Ayuntamiento no ha explicado por qué el pueblo debe pagar los desvaríos de Alegret
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La desorbitada indemnización de 30.000 euros que el Ayuntamiento de Reus, a través de la sociedad Reus Serveis Municipals tendrá que abonar a la exasesora del Partido Popular, Noelia Borràs, todavía trae cola. Borràs había denunciado a Alícia Alegret por ‘mobbing’ y al Ayuntamiento de Reus e Innova por «extinción de contrato por parte de Innova y cesión ilegal de trabajadores contra el consistorio».

El consistorio reusense explicaba la pasada semana que el pacto entre todas las partes era «impecable» y que se había llevado a cabo «con el máximo rigor posible». El alcalde Carles Pellicer, defendía que el acuerdo no era extrajudicial «sino que se llevó a cabo en sede judicial y cuenta con la aprobación de la juez de lo Social Número 1 de Reus». Pellicer hizo entonces referencia que este pasado lunes entregaría «un informe elaborado por el secretario y el interventor municipal» que validaba todo el proceso.

Este informe, al parecer, no tenía un destino público. El documento solo sería para justificarse ante los miembros del consejo de Reus Serveis Municipals que debía reunirse el pasado lunes.

El Diari tuvo acceso a este informe conjunto firmado por el secretario y el interventor municipal en fecha del mismo lunes, 15 de diciembre, en los que detalla una serie de artículos que se refieren a «la tramitación de las transacciones judiciales» en las Entidades Locales. En concreto habla que para proceder a una transacción es «determinante la existencia de un informe jurídico que ha de manifestarse claramente que la transacción propuesta es más favorable para los intereses públicos que no el de continuar con el procedimiento judicial, dada la alta probabilidad que un pronunciamiento judicial sea más lesivo para los intereses públicos que el acuerdo transaccional propuesto».

El informe conjunto del secretario y del interventor del Ayuntamiento de Reus viene a certificar la validez del informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de Reus al abogado tarraconense Josep Maria Comas, aunque no entra a valorar el contenido del mismo, ni si el acuerdo de indemnización alcanzado entre las partes se ajusta o no a derecho.

Según el informe jurídico del abogado Josep Maria Comas, la demandante, Noelia Borràs, por las causas que detalla en su denuncia, «reclamaba una indemnización de 190.000 euros por daños y perjuicios, más una cantidad considerable en concepto de horas extraordinarias». Pero esos costes no hubieran sido los únicos, ya que deberían sumarse el de los salarios desde su despido hasta su readmisión en fechas actuales y el ingreso de estos salarios a la Seguridad Social, ya que según afirma Comas en dicho informe jurídico considera que el juez hubiera declarado la nulidad de su despido.

El informe de Comas concluye que «está más que justificado el acuerdo transaccional al que se ha llegado en la defensa de los intereses económicos de Innova y del Ayuntamiento».

El Ayuntamiento de Reus no ha dado más explicaciones al respecto de un tema que está suscitado toda clase de comentarios y críticas entre la ciudadanía. También de los grupos de la oposición que ya han puesto el caso en manos de sus servicios jurídicos respectivos para llegar al fondo de este asunto que, por todo lo expuesto, tiene más de inmoral que de ilegal.

La oposición se llevó las manos a la cabeza en un primer momento. Quién se mostró más activo fue el portavoz de ‘Ara Reus’, Jordi Cervera, que este lunes afirmaba que «esto no se acaba aquí» y que su grupo llegaría «hasta el final». Incluso el tema roza ya lo cómico. El propio Cervera pedía en un vídeo a la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, que su partido se hiciera cargo de la indemnización a la exasesora de Alícia Alegret. Lo mismo reclama en un comunicado la nueva formación ‘De nou Reus’. Si bien lo más curioso es que ha estas alturas, el portavoz de la CUP, David Vidal, uno de los más beligerantes con el actual equipo de gobierno, todavía no se haya pronunciado al respecto.

La ciudadanía reusense merece que se le explique por qué tiene que pagar los desvaríos de la exconcejal del PP que se sobrepasó con una subordinada.

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