Minando los cimientos de nuestra democracia

España es una democracia consolidada, y eso a pesar de los reiterados intentos de ponerla en cuestión. Tal vez, precisamente, por su fortaleza ha sido capaz de soportar las envestidas de múltiples escándalos e intentos de destruirla; basta un pequeño repaso a algunos de ellos para darnos cuenta de la gravedad de los envites y que, sin unos consolidados cimientos, a buen seguro hubieran hecho tambalear el edificio de nuestra convivencia, que se construyó mediante el pacto y el consenso en el 78. Desde la ya lejana condena a la cúpula del Ministerio del Interior por el caso de Segundo Marey, junto a la condena al Director General de la Guardia Civil Luis Roldan, a la corrupción endémica del PSOE en Andalucía, o la corrupción que afectó al Partido Popular provocando el ingreso en prisión de varios exministros, llegando incluso a la condena del yerno del jefe del Estado. Y no olvidemos algunos más próximos, como la corrupción del Palau de la Música, o de la familia Pujol que incluso amenazaba con hacer tambalear a toda la clase política, y que continuó con el «tres por ciento», que convirtió al partido hegemónico en Catalunya, Convergencia, en una gran maquinaria de recaudación ilegal, para finalmente llegar al desafío separatista que hemos vivido estos últimos años. No podemos olvidar tampoco hechos más recientes, como la investigación al Rey emérito iniciada por la Fiscalía. Y de especial relevancia por su duración y crudeza, el azote del terrorismo de ETA al que se derrotó, precisamente, con el imperio de la ley.

Pero como pueden ver, a pesar de todos ellos y de algunos más, nuestra democracia sigue en los primeros puestos de los rankings mundiales. El último, y que ha pasado bastante desapercibido, es un exhaustivo estudio de la democracia en el Mundo, el que anualmente elabora el V-dem Institute de la Universidad de Gothenburg, en el que España mantiene el noveno puesto en el ranking mundial de democracias liberales, por delante de muchos países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido

Pero desde hace unos meses, desde las propias instituciones, se están intentando minar los cimientos de nuestra democracia como única manera de tumbarla. El pacto entre el PSOE y Unidas Podemos para gobernar España, hace que, quien ya en 2014 prometió terminar con el denominado régimen del 78 e iniciar un proceso constituyente, se haya convertido en vicepresidente del Gobierno y, aunque parece tener una limitada influencia en el Gobierno, sí la tiene, parece ser, en el presidente Sánchez, lo que explicaría algunas cuestiones más propias del populismo de izquierdas que de un partido que precisamente ayudó a consolidar nuestra democracia.

La propuesta de rebajar el quórum necesario para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, con la excusa del bloqueo a la renovación por parte del Partido Popular, es precisamente un intento de destruir uno de los principales pilares de nuestra democracia, la independencia del Poder Judicial que, con multitud de grietas inferidas por los partidos que han gobernado España, ha conseguido mantener su robustez, siendo un elemento esencial en el que descansa lo que Pablo Iglesias denomina régimen del 78 y, por lo tanto, el principal bastión a derribar.

Pero el pasado día 5 de noviembre conocimos, por su publicación en el BOE, una orden ministerial de una extraordinaria ambigüedad, la que crea un comité que tendrá como objetivos «el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las administraciones en el marco de la comunicación pública». La ambigüedad del texto y la composición de la denominada Comisión Permanente contra la desinformación, compuesta por cargos políticos, genera grave preocupación. Tal vez estemos ante un intento de eliminar otro de los pilares de nuestra democracia, la libertad de expresión y la libertad de prensa, mediante un sistema que ni siquiera ha podido controlar el parlamento al ser aprobado por una orden ministerial y no por una ley. Hemos de recordar aquí que el control de los medios de comunicación es otra de las obsesiones del vicepresidente Pablo Iglesias. La orden ministerial confunde la libertad de expresión y de prensa, con las campañas de desinformación, provenientes generalmente de potencias o intereses extranjeros mediante la viralización de noticias falsas utilizando redes de Bots. La batalla contra estos ataques deberían ser competencia de la Seguridad Nacional y de un comité técnico, ya que suponen un ataque al país, con unos objetivos determinados, generalmente la desestabilización social o política, pero que nada tienen que ver con los medios de comunicación españoles, ni con la libertad de expresión, y menos aún con la libertad de prensa. Efectivamente hacen falta mecanismos para el control de esas campañas de desinformación perfectamente organizadas, que utilizan las redes sociales para su distribución, todos somos conscientes de la posible influencia que dichas campañas puedan haber tenido en diferentes procesos electorales o en el referéndum del Brexit, pero ello nada tiene que ver con los medios de comunicación y la libertad de expresión que protege nuestra Constitución. Por ello, la ambigüedad de la orden ministerial, que no diferencia ambos conceptos, resulta extremadamente peligrosa, y más cercana al Orwelliano Ministerio de la Verdad que a la protección de los valores democráticos. Los medios de comunicación no necesitan de ningún otro sistema de control, ya existe uno, el que corresponde a los tribunales cuando se ejercitan las acciones previstas en la ley, en eso estriba precisamente la libertad de prensa.

Por suerte, pertenecemos a la Unión Europea, donde los valores democráticos están por encima de los sueños bolivarianos de algunos. Y esa Europa, garante de los derechos fundamentales, es la que ha advertido inmediatamente al gobierno de España que estará vigilante. No podía ser de otro modo, ambas cuestiones no solo son cimientos de nuestra democracia, son también cimientos de la Unión Europea.

Pere Lluís Huguet Tous: Fue Decano del Col·legi d'Advocats de Reus durante trece años, hasta 2016. Expresidente del Consejo de la Abogacía catalana. Es concejal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Salou.