El balance de las actividades de los Comitès de Defensa de la República (CDR) está siendo perjudicial para el país que las sufre y contraproducente para la causa que pretenden defender.
Algunas de sus protestas son manifestaciones respetables, pero en otras sus métodos resultan cívicamente reprobables y legalmente punibles, con serios perjuicios para personas particulares e intereses públicos. Además de agravar la fractura social, hacen todavía más intransitable el camino hacia una salida política al conflicto. Todo esto es una calamidad, pero no es terrorismo.
¿Terrorismo? Como ya vimos con la acusaciones de rebelión y sedición contra los líderes del movimiento independentista, primero es el Gobierno quien apunta, después la Fiscalía afina, la policía judicial de la Guardia Civil adapta el relato a la tipificación penal deseada y el juez da cobertura legal a la posverdad, de la que ahora se desprende la imputación por delito de terrorismo, castigado con penas durísimas.
La prueba de cargo contra la detenida ayer son varios audios difundidos masivamente por WhatsApp y Telegram después de la captura de Puigdemont, llamando a movilizaciones, protestas y sabotajes. Según la Audiencia Nacional, esto es terrorismo y rebelión, aunque no hay ninguna evidencia de que los CDR sean un grupo armado ni de que sus miembros practiquen la violencia terrorista.
Todo apunta a que estamos ante una vuelta de tuerca más en el intento de los poderes del Estado de atribuir violencia al proceso soberanista, necesidad más urgente que nunca ante el varapalo que esta incriminación ha recibido de una justicia neutral como la alemana.
Si continúa semejante espiral, de ésta no saldremos ni a tiros. Nunca mejor dicho.
