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Opinion EDITORIAL

Nuevo revolcón judicial a la plusvalía

La juez obliga a retornar el impuesto que el Ayuntamiento de El Vendrell había cargado por una venta en pérdidas.

 

Diari de Tarragona

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El controvertido impuesto de la plusvalía ha recibido un nuevo revolcón judicial. El Ayuntamiento de El Vendrell ha tenido que devolver la cantidad que cobró a una vecina por este concepto al considerar la jueza del Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Tarragona que el tributo es inconstitucional. El fallo añade otra consideración que remata del todo este concepto tributario. La jueza no entra en calibrar si en la transacción hubo o no ganancias y argumenta que es la Administración la que tiene que demostrar que ha habido un beneficio. Como se sabe, la denominada plusvalía se implantó para gravar los beneficios que se obtenían en la venta de los bienes inmuebles que en su día habían sido adquiridos a un determinado precio, siempre inferior al que se obtenía en el momento de la venta. En tiempos de bonanza esta ecuación no fallaba nunca y parecería justo que unas ganancias logradas con el módico esfuerzo de dejar pasar el tiempo contribuyeran a las arcas comunes con un generoso porcentaje. Sin embargo, la crisis desencadenada con la burbuja inmobiliaria provocó que ese cálculo impositivo saltara por los aires. No pocos bienes inmuebles salían al mercado con un precio inferior al que costaron en su día al propietario. En algunos casos la venta era el corolario de una verdadera situación de ruina. Sólo faltaba que, después del negocio en negativo, pasara el Ayuntamiento a gravar las cenizas de la hecatombe. La ilógica fiscal duró lo que un abogado astuto tardó en presentar una demanda contra este cálculo ilógico. Y tampoco han tardado mucho los tribunales en imponer unos criterios de justicia inapelables. En estos momentos, la plusvalía ya es historia. Sin embargo, el problema ha recalado sobre los ayuntamientos que, en su mayor parte, calculaban sus presupuestos teniendo en cuenta los ingresos por las plusvalías. El veto judicial a la plusvalía provocará un descenso medio del 26% en los ingresos de los municipios. Habrá que buscar una solución, pero nunca podrá ser a costa de aplicar un gravamen claramente injusto.

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