Panamá, Panamá

Estaba más que anunciado que el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, no podría resistir un día más la presión política sobre su persona después de que se destapara  que es propietario del 25% de una sociedad en Panamá. Es evidente que, en estos momentos, los términos corrupción, Panamá y fiscalía concatenan una secuencia semántica incompatible. Todas las explicaciones que Moix ha intentado presentar no tienen capacidad suficiente para desactivar el triángulo terrible que forman los citados vocablos. Por muy cierto que sea que la sociedad fue establecida por su padre en Panamá; por muy excusable que sea el hecho de que recibió una parte por herencia y por mucho que se quiera creer que no se disolvió la mercantil porque uno de los herederos no tenía posibles para asumir los costes, es más que evidente que Moix tenía la obligación de advertir que un fiscal Anticorrupción debe estar inmaculado y que antes de asumir el cargo estaba obligado a resolver de la forma que fuera la citada rémora. De hecho tuvo más de cuatro años para hacerlo y por tanto incurrió en un pecado de desidia al que no se podrá achacar ilegalidad alguna, pero es evidente que por muy legal que sea establecer empresas en Panamá nadie lo hace para favorecer el bien común de nuestro país, sino para burlar por la vía de la ingeniería fiscal cuantos más impuestos mejor. En definitiva, no está el horno para tener un fiscal Anticorrupción con haberes panameños.