Pobreza estructural

La pasada semana, la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas, publicó su informe anual Expulsión social y Recuperación económica en el que se confirma dramáticamente que España sale de la crisis a dos velocidades. En efecto, en tanto las comunidades del Norte estarían en buenas condiciones y «contarían con más fortalezas» para salir impetuosamente de la situación recesiva, las del Sur estarían en peores condiciones para remontar. Entre las primeras CCAA estarían Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón, y entre las segundas, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Este estudio, que muestra otros datos preocupantes sobre la situación social –ninguna comunidad ha vuelto a la situación anterior a la crisis en número de familias con todos los miembros en paro–, hace hincapié en que el problema de desigualdad que padece España no es una simple consecuencia de la crisis sino que es estructural. De ahí que haya que aplicar reformas profundas para reducir la desigualdad y combatir la pobreza. Algo que podría lograrse, por ejemplo, incluyendo una renta básica garantizada para las familias en situación de riesgo de marginación, una iniciativa que costaría menos de 10.000 millones de euros al año, es decir, un punto del PIB. No es caro sacar de la miseria a los grupos desintegrados pero no hay modo de que se emprenda esta tarea, que es hoy por hoy el fundamento de la cuestión social.