Posición común ante el soberanismo

Según todos los indicios, la próxima legislatura surgida de las elecciones de finales de este año será inestable, en la que probablemente sea necesaria una coalición para garantizar el Gobierno, algo nada fácil en nuestra cultura política acumulada a lo largo de la etapa democrática. Este hecho no debería tener, sin embargo, nada de dramático si acaba produciéndose: en países cercanos como Italia o Bélgica ha habido largos períodos de inestabilidad gubernamental que no han provocado problemas insolubles ni generado conflictos singulares que no hubiesen tenido lugar en otras circunstancias. Tampoco España habría de resentirse de semejante aprendizaje, que será un hito perfectamente natural de nuestro desarrollo democrático. Al fin y al cabo, las grandes sociedades democráticas se autodeterminan, adquieren sus propias inercias y la acción política ejerce apenas una labor de guía muy difusa.

Nuestro país ya pertenece por derecho propio al núcleo duro de la Unión Europea y es perfectamente capaz de afrontar sin padecer perturbaciones cambios de calado en su sistema de representación, en la definición ideológica de la mayoría y en el rumbo político y social. A fin de cuentas, es evidente que, a pesar del mazazo de la última crisis económica, éste es un país de clases medias -aquejado de una proletarización reversible-, con una ciudadanía ubicada muy mayoritariamente en los aledaños del centro político, por lo que lo no son de temer radicalismos ni derivas incontroladas. De hecho, de las cuatro grandes fuerzas que van a ser protagonistas según las encuestas de los futuros equilibrios de poder, tres son incuestionablemente moderadas y la cuarta, Podemos, se ha deslizado ya desde los parajes radicales en que nación hacia zonas mucho más templadas del espectro, y sus líderes consumen gran parte de su tiempo tranquilizando a los principales colectivos económicos y sociales y convenciéndoles de la inocuidad de sus propuestas.

Sin embargo, las vacilaciones y dudas que pueden surgir de las nuevas fórmulas pactistas que habrá que aplicar para la formación de mayorías pueden generar un cierto vacío de poder, nada inquietante en lo referente a los asuntos corrientes del Estado pero que podría ser aprovechado por el independentismo catalán para practicar una política de hechos consumados. La última hoja de ruta, firmada por CDC y por ERC, da a entender que esas formaciones pretenden lograr la secesión por la vía de hecho, es decir, mediante una declaración unilateral. Y si esta ruptura unilateral e ilegal no recibe la respuesta contundente que merece, podríamos encontrarnos en un pantano de difícil salida.

Ésta es la situación, que debe ser tenida en cuenta por todos los actores políticos, que deben saber que el nacionalismo radical, convencido de la bondad mágica, casi teológica, de sus designios, no es demasiado escrupuloso con la legalidad y puede sentirse inclinado a pensar que el fin justifica los medios. No se trata de proponer, ni de formalizar, grandes y solemnes pactos para prevenir un golpe de efecto del soberanismo, pero sí de mantener la cautela, de prever lo que puede ocurrir y de convertir este asunto en una cuestión de Estado, vinculada como es natural al fundamento constitucional de nuestro modelo de convivencia.

PP, PSOE y Ciudadanos convergen en el fondo de este asunto con evidente unanimidad, y Podemos, que se ha definido como partidario del inconcreto y abstracto “derecho a decidir”, tampoco es nacionalista ni nada que se le parezca. No será, pues, costoso deducir una posición común si llega el caso de tener que adoptarla.