Regresar cuanto antes a la política

La decisión del juez Pablo Llarena de ordenar el reingreso en prisión de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, del candidato a la investidura de la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, y de los ex consellers Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva, supone una dolorosa noticia que no ayudará a encontrar caminos de solución a la sin duda más grave crisis política que vive Catalunya desde la transición democrática. A todo ello se suma la decisión de la secretaria de ERC, Marta Rovira, de trasladarse a Suiza y el procesamiento de un total de 25 investigados por delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos. El impacto por la decisión del magistrado del Tribunal Supremo provocó anoche numerosas concentraciones de protesta en diversas localidades de Catalunya. Del mismo modo, la segunda sesión del pleno de investidura que se debía celebrar hoy queda desactivada por la imposibilidad de someter a segunda votación la candidatura de Jordi Turull. Un dictamen del Tribunal Constitucional dejó establecido que es necesaria la presencia física del candidato para poder someterse a una votación parlamentaria de investidura. Llegados a este punto, insoslayable desde el momento en que el Gobierno del PP decidió ventilar el conflicto catalán por la vía judicial, es preciso retomar el camino de la política lo antes posible para, sin alterar la independencia judicial, reconducir el conflicto a los únicos caminos que pueden conducir a una solución, que no son otros que los de la política. Los independentistas deben asumir los graves errores cometidos en un procés inviable y volver a la recuperación de las instituciones catalanas son candidatos viables. El Gobierno, por su parte, debe buscar fórmulas que den salida a las justas reivindicaciones de una gran parte de los catalanes. Detrás de la decena de encarcelados hay dos millones de votos que, de seguir el PP en su empeño de acudir al Código Penal como remedio, lo más probable es que se incrementen. La política debe habitar en los parlamentos y no en los tribunales.