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Salud, dinero y Covid-19

La Constitución reconoce tanto el derecho a la protección de su salud como su derecho al trabajo, pero durante la pandemia hemos comprobado que el exceso de protección de uno de los derechos va en detrimento del otro
 

Vanesa Sánchez Ballesteros

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El debate sigue en la calle: los ciudadanos todavía se cuestionan si deben mantenerse en sus burbujas para protegerse del coronavirus o relativizar la pandemia y recuperar el ritmo de sus vidas, manteniendo solo pequeñas restricciones, para no paralizar la economía y evitar así que continúe el empobrecimiento de las familias.
La Constitución española reconoce en su artículo 43.1 el derecho a la protección de la salud como principio rector de la política social y económica.

Las competencias para su tutela y organización radican en los poderes públicos, que son los encargados de establecer las medidas necesarias para que se garantice este derecho a través de prestaciones, servicios y actividades preventivas.
A través de la Ley General de Sanidad (1986) se desarrolla este derecho, sostenido sobre los principios de financiación pública, universalidad y gratuidad de uso. El Sistema Nacional de Salud es el ente que engloba las prestaciones y servicios sanitarios públicos españoles.

No obstante, en estos últimos tiempos el sistema de salud español se encuentra en jaque debido a los recortes realizados tras la gran recesión y a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
En el artículo 35, dentro de los derechos y deberes de los ciudadanos, se señala que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, para así satisfacer sus necesidades y las de su familia.
Por otra parte, en el Preámbulo se declara la intención de promover la cultura y la economía para brindar a los españoles «una digna calidad de vida».

A causa de la pandemia, y para hacer efectivo su deber de protección de la salud, en marzo de 2020 el Gobierno de España declaró el estado de alarma, lo que limitó parte de los derechos de los ciudadanos.
Durante 99 días las fuertes restricciones en la movilidad ocasionaron el debilitamiento profundo de la economía del país, lo que ha empeorado las estadísticas de la pobreza en España. La situación viene agravada por el incierto panorama sanitario, con sucesivas olas de contagios.

Esta guerra no cumple con los estándares del pasado. Ahora los soldados son los sanitarios y los investigadores. Se debe cambiar el rumbo para que, pese a las olas de contagios, se disponga de recursos suficientes para afrontar el reto que se plantea

La Constitución reconoce a los españoles tanto el derecho a la protección de su salud como su derecho al trabajo, pero vemos que ambos se encuentran enfrentados. ¿Qué debemos de hacer para compatibilizarlos?
Ambos derechos deben ser respetados y resguardados por el Estado. No obstante, ante la crisis, el Gobierno ha utilizado diferentes políticas intentando compensar salud y economía. Será menester llegar a un equilibrio para que, de forma estable y segura, puedan ser protegidos de manera eficiente.

En este escenario de pandemia el exceso de protección de uno de los derechos va en detrimento del otro. Las limitaciones a la movilidad han generado empobrecimiento, bajas laborales y retroceso económico por la paralización de la inversión, la oferta laboral, turística… Por el contrario, el aumento de la movilidad ha contribuido al aumento de los contagios.
La paralización de la economía ha reducido los ingresos tributarios en las arcas públicas. Eso reduce las posibilidades de inversión en las prestaciones y servicios sanitarios necesarios para brindar la asistencia deseada.

El Estado deberá trazar una fórmula que equilibre salud y economía, dos cuestiones tan importantes para el bienestar de la población y su sustento. Puede que el bajo rendimiento económico reduzca los contagios pero también hace bajar la recaudación por la falta de inversión, de trabajo y de consumo. Esto repercute muy negativamente en la dotación presupuestaria de todos los servicios públicos, incluido el sanitario.

La pandemia está siendo resistente y difícil de detener. Por tanto, habría que intentar normalizar el ritmo de la economía a la vez que se toman todas las medidas preventivas posibles (mascarillas, distancias de seguridad, aforos limitados). Se debe compatibilizar la prevención con la máxima recuperación del ejercicio profesional, industrial y turístico para aumentar la productividad del país.

Es cierto que la recuperación de la actividad económica suele traer aparejado el aumento de los contagios pero también trae un aumento en la recaudación tributaria.

Estos ingresos, a su vez, deberían dar lugar a mejores partidas presupuestarias destinadas para infraestructuras hospitalarias, plazas de personal sanitario, proyectos de investigación sobre nuevos tratamientos, vacunas más efectivas… En definitiva, la ecuación deberá ser más trabajo, más riqueza y más ingresos en las arcas y más inversión sanitaria y en investigación científica.
Si se consigue el equilibrio entre una economía activa (con mínimas limitaciones antiCovid-19) y el control de la pandemia, el Estado tendrá más ingresos, más recursos y más posibilidades de luchar contra el virus, pese al aumento en la incidencia.
Es tiempo de cambio. Esta guerra no cumple con los estándares del pasado. Ahora los soldados son los sanitarios y los investigadores. Se debe cambiar el rumbo para que, pese a las olas de contagios, se disponga de recursos suficientes para afrontar el reto que se plantea.

Es indispensable alcanzar el equilibrio que preserve la salud de los ciudadanos y, a la vez les de «una digna calidad de vida».

Vanesa Sánchez Ballesteros es profesora interina de Derecho en la Universidad de Jaén. Este artículo se ha publicado originariamente en ‘The Conversation’. 

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