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Sin novedad en el frente (común)

El liderazgo y la unidad de acción metropolitana brillan por su ausencia    

Josep Cruset

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Los alcaldes de Reus y Tarragona se saludan en el tren (2014). FOTO:L.M..

Los alcaldes de Reus y Tarragona se saludan en el tren (2014). FOTO:L.M..

A mediodía del lunes 12 de febrero, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció la intención de convertir el aeropuerto de Girona en una extensión del de El Prat.

El proyecto incluye una inversión de 55 millones de euros para construir una estación intermodal en Vilobí d’Onyar para integrar la alta velocidad ferroviaria con el tráfico aeroportuario.

La obra supondrá conectar en 40 minutos el aeropuerto gerundense con la ciudad de Barcelona.

Se trata, en esencia, del mismo planteamiento y la misma inversión de la estación intermodal proyectada desde 2003 al sur del aeropuerto de Reus.

Con motivo de la licitación de las obras en 2009, el Ministerio de Fomento explicaba así su relevancia: «La estación está localizada al sur del aeropuerto y entre las ciudades de Tarragona y Reus, quedando a unos 6 kilómetros de ambas. Se sitúa junto al cruce de la autopista AP-7 y la carretera T-11, lo que permitirá un rápido acceso por carretera. La nueva estación estará preparada para recibir otros modos de transporte, lo que la convertirá en un importante centro de intercambio modal».

La construcción fue adjudicada a Ferrovial Agromán y el movimiento de tierras empezó en 2010, pero las obras quedaron paralizadas por los recortes presupuestarios a consecuencia de la crisis.

El reciente anuncio del Gobierno español significa, en la práctica, la pérdida de esta infraestructura estratégica para el Camp de Tarragona y su traslado a Girona.

En las 24 horas siguientes a las palabras del ministro de Fomento, ningún responsable político de ninguna institución tarraconense salió a la palestra para poner el grito en el cielo. Ni siquiera el Ayuntamiento de Reus pareció sentirse interpelado, ya que no tuvo nada que decir al respecto. Sólo la Cambra de Comerç de Reus y el PSC local alertaron de la gravedad de la decisión.

Hubo que esperar hasta el martes para encontrar la primera reacción política institucional, en  boca del portavoz del gobierno municipal de Reus, el concejal Joaquim Enrech.

Ni la artillería desplegada en esta comparecencia, ni las pocas voces políticas que la siguieron, tuvieron el calibre correspondiente a la envergadura del envite, hasta el punto de que al día siguiente, el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, visitó Tarragona para tratar de temas ferroviarios con los alcaldes de la costa y tuvo la desfachatez de decir que la decisión no perjudicaba a los intereses del Camp de Tarragona, sin que nadie le corriera a gorrazos. Cabe recordar que Millo es ex diputado al Parlament por Girona y preside el PP gerundense.

No fue hasta el jueves que el alcalde de Tarragona terció en el asunto, para recordar que la capital tampoco renuncia a tener su gran estación y que en materia de reivindicaciones ferroviarias, los políticos del territorio parecían «el Ejército de Pancho Villa».

Quizá no le falte razón. Que uno de los más activos en la materia sea el alcalde de Altafulla y diputado al Congreso por En Comú Podem, Fèlix Alonso, y que las posturas que defiende sobre las vías de la costa sean contrapuestas a las de los alcaldes de los propios municipios afectados es bastante ilustrativo al respecto.

En plena polvareda, las declaraciones de los alcaldes de Tarragona y Reus coincidieron en la obligación de articular un frente común para defender las inversiones clave para el territorio y de actuar con una sola voz en pro de los intereses comunes.

Mejor esto que nada, pero a día de hoy este discurso se asemeja al de la necesidad de erradicar el hambre en el mundo. La bondad de la idea ya se da por descontada, lo que se exige es actuar al respecto. 

En las 24 horas siguientes al anuncio del ministro, el silencio de los responsables políticos locales fue ensordecedor

El liderazgo político y la unidad de acción es un objetivo complejo en el Camp de Tarragona, como demuestra el escaso recorrido que han tenido experiencias anteriores.

A la dificultad histórica de conciliar los intereses de Reus y Tarragona se une el creciente peso demográfico y económico de las ciudades de la costa, que las convierte en actores inexcusables para cualquier consenso metropolitano.

Particularmente, no veo  quién o quiénes pueden tener la disposición, el empuje o la capacidad de asumir este reto, ni cómo se puede articular. El conflicto político que vive el país, sin gobierno y con los partidos a matadegüello, es un obstáculo añadido. Costará ver novedades en el frente, al menos en el común.

Y al otro lado esperan los mismos interlocutores que llevan años sin mover un dedo para dar solución a la N-340, ni con decenas de muertos sobre la mesa, mientras siguen dedicando miles de millones a construir líneas de AVE a diestro y siniestro.

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