Sumarios judiciales y libertad de prensa

Si no se puede evitar la catarata de casos de corrupción que cada día llegan a las portadas de los periódicos, pues habrá que obligar a la prensa a no contarlo. Si con esto no es suficiente, pues habrá que sancionar a los medios que se atrevan a informar a los ciudadanos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, cree que su propuesta para amordazar a los medios de comunicación abre «un debate muy bonito». Habría que pedirle a Catalá que persiga al filtrador y no mate al mensajero. Da buena cuenta de la dimensión del disparate del ministro que tras los reproches de la prensa, del mundo judicial y de todas las fuerzas políticas, el propio Gobierno le obligase a rectificar su idea de sancionar a los medios por difundir sumarios judiciales. Viene la propuesta de Catalá cuando aún los ciudadanos no se han repuesto del caso Rato y cuando queda por delante un carrusel electoral de incierto resultado. Las palabras de Catalá coinciden, en el tiempo y en la idea, con las de Montoro, que ha caricaturizado en el Congreso a las televisiones privadas, acusándolas de falta de objetividad. En cualquier caso, la «bonita idea» de Catalá ha sonado a aquel planteamiento de que si no se puede modificar la realidad o si ésta no se amolda al gusto del gobernante, pues hay que intentar silenciar a los que informan de la misma. Entre las muchas derivas de este Gobierno, sólo faltaba la de considerar a los medios de comunicación como enemigos si no son sus propagandistas.