Todo vale contra Ballesteros

Josep Félix Ballesteros ha gobernado el Ayuntamiento de Tarragona los últimos 12 años con algunos aciertos y también con muchos errores. Los partidarios del relevo lo fundamentan en la necesidad de cambio. Si éste es el motivo no nos queda otro remedio que hacer memoria y remontarnos cuatro años atrás. En la anterior legislatura se planteó formar un gobierno tripartito, de mayoría absoluta, con nueve regidores del PSC, cuatro de ERC y uno de ICV. Fue ERC quien no aceptó, por falta de valentía para asumir la responsabilidad de gobernar a la vista de un Procés que llamaba a la puerta. De haber aceptado,  quizás hoy los resultados electorales hubieran sido otros bien distintos.

En este contexto, Josep Fèlix Ballesteros se vio obligado a buscar otros socios (PP y Unió) para llevar adelante los proyectos de ciudad pendientes (la anilla olímpica, etc.) y aprobar unos presupuestos generales que le permitieran disminuir la deuda municipal y asegurar el funcionamiento normal de la administración. 

Las últimas elecciones municipales han dado al PSC como vencedor en número de votos, pero sin una mayoría aritmética para gobernar, ni siquiera en minoría, ya que para ello necesitaba que Catalunya en Comú Podem se abstuviera o votara a su favor.
El planteamiento era el siguiente: o todas las fuerzas independentistas y Tarragona en Comú Podem daban su voto al Sr. Ricomà o volvería a ser alcalde Ballesteros. Ante esta disyuntiva, Junts per Tarragona y la CUP facilitan su voto para hacer alcalde al líder local d’Esquerra, pero sin entrar en el gobierno de la ciudad. La CUP, como siempre, se siente más cómoda vociferando que gobernando. Y Junts per Tarragona se reserva para mejores tiempos y, de esta manera, evita socios indeseables.

Por otra parte, después de una tensa asamblea, Tarragona en Comú Podem decidió dar apoyo al Sr. Ricomà y, además, entrar en el nuevo Gobierno municipal, sin necesidad ni justificación alguna. En la coalición electoral Podemos no ratifica el acuerdo, sin  embargo accede a gobernar, pero sin la  ratificación de las bases. 

El tiempo necesario para la modificación del POUM es de unos cinco años, que será tiempo de parálisis urbanística

El comportamiento de Tarragona en Comú Podem sorprende y hace sospechar que la auténtica razón del Pacto no es otra que la ambición por ocupar un «sillón» y obtener una buena retribución  para sus dos regidores y cargos asesores. Y nos preguntamos: ¿Es ésta la llamada nueva política?, ¿se busca el cargo por el lucro?, ¿aplicarán los dos regidores el código ético de retribuciones de la coalición  En comú Podem?. Para quien no lo recuerde, el código fija la retribución máxima de los cargos públicos en el doble del salario mínimo y la obligación de renunciar al exceso en favor de  alguna entidad sin animo de lucro. ¿Será así?, ¡Está por ver!

Entrando más en el fondo, el pacto entre ERC y Tarragona en Comú Podem parece irrealizable, por la dificultad de llevarlo a cabo, dada la situación financiera del Ayuntamiento. A pesar de ello, firman un acuerdo programático con propuestas, que además no corresponden a la acción municipal, pues son competencia de la Generalitat (en materia de educación, etc). Propuestas que tampoco ha cumplido ERC desde la Generalitat en lo que va de legislatura. Por ejemplo, la prometida rebaja de las tasas universitarias, aprobada por el Parlament, y que facilitaría la igualdad de oportunidades a los jóvenes de Tarragona. Otro ejemplo, la lucha contra la pobreza mediante la prometida renta garantizada de ciudadanía. Que mira por dónde, corresponden ambas a las  consejerías gobernadas por ERC; poca cosa o  casi nada han hecho hasta ahora.

Otro punto clave del acuerdo municipal es el futuro modelo urbanístico de ciudad, mediante la modificación del POUM. No sé si los futuros regidores y alcalde saben que el tiempo necesario para la modificación de este tipo de figura urbanística es de unos cinco años, que será tiempo de parálisis urbanística, de reclamaciones y recursos contencioso-administrativos de los afectadas y/o perjudicados, etc. Y, peor aún, inseguridad económica en este ámbito. Curiosamente el pacto de gobierno no hace mención del futuro del PP-10; de esta manera, los ciudadanos nos quedamos sin saber qué intenciones tiene el nuevo gobierno respecto al centro comercial cercano a la Anilla Olímpica.

El pacto de gobierno habla de hacer muchas cosas en la ciudad, pero no dicen nada de cómo pretenden financiarlas. Todos sabemos que los recursos económicos son limitados y el acuerdo no prevé ningún incremento de recursos, salvo la subida del IBI a los grandes propietarios de pisos vacíos. En definitiva: «la xocolata del Lloro». Como decía la canción italiana : «parole, Parole, parole». 

No obstante, como buenos tarraconenses, daremos al señor Ricomà y su socio de gobierno cien días de gracia y, después de Santa Tecla, ¡volveremos a hablar! Estaremos atentos a que el espacio institucional no sea de color, «groc»; que hagan propio el lema  de que «todos puedan sentirse cómodos»; que trabajen en «clave de ciudad» y no a remolque de los acontecimientos venideros; que no tengan la administración municipal paralizada, como pasa en la administración de la Generalitat desde hace años con motivo del Procés, etc. Señor Ricomá !Ya veremos!.

* Abogada. Conxa Manrique es abogada especialista en Derecho Administrativo. Miembro de la Sociedad de Estudios Económicos. Patrona de la Fundació Trencadís Modernismo y Cultura.