Unidas Podemos y los ricos

Volvemos a cometer los mismos errores. En primer lugar, la reiterada mención de Unidas Podemos (UP) del impuesto a los ricos es incorrecta. La Constitución Española (CE) establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Por consiguiente, los impuestos son para todos, no únicamente para una clase, de acuerdo con su capacidad económica.

Las actuales previsiones macroeconómicas para España, con elevadísimos niveles de deuda pública, una extraordinaria reducción de la actividad económica y la consecuente caída de la recaudación, son la excusa perfecta, para incrementar la cuantía de los impuestos sobre la riqueza, particularmente, sobre el patrimonio y sucesiones. Pero la imposición a la riqueza puede traspasar, peligrosamente, los límites previstos en el artículo 31 de la Constitución Española. Se ha admitido que gravar un patrimonio, con independencia de la renta percibida por su titular, puede tener un alcance confiscatorio que la Constitución rechaza frontalmente.

Para el Tribunal Constitucional (TC), en rigor, lo que se prohíbe no es la confiscación, sino justamente que el impuesto tenga alcance confiscatorio. Y un tributo que obliga a deshacerse, total o parcialmente, a corto o medio plazo, de la fuente de renta sobre la que se construye, para atender al pago de los impuestos que gravan tendrá alcance confiscatorio. Curiosamente, este era un debate que abocó al límite conjunto renta-patrimonio, como factor modulador de la confiscatoriedad del Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

En 1990, a nivel mundial, doce economías avanzadas tenían un impuesto al patrimonio. Ahora, solo son cuatro, después de que, en el año 2017, Emmanuel Macron eliminara el que regía en Francia. Pero en Estados unidos se desató un intenso debate por la propuesta de la senadora Elisabeth Warren, de introducir un impuesto del 2% a la riqueza de los norteamericanos. Los economistas Emmanuel Sáez y Gabriel Zuckman, de la Universidad de California, que asesoraron a Warren, aseguran que su impuesto daría una respuesta a la creciente concentración de riqueza en Estados Unidos.

Pero algunos críticos, como Larry Summers y Greg Mankiw, sostienen que un impuesto al patrimonio generaría poca recaudación y distorsionaría la conducta de los inversores. Por eso, muchos economistas, en vez de gravar el patrimonio, defienden una combinación de impuesto progresivo sobre la renta y sucesiones. Pero con ello se generan dos problemas. Uno, es que la renta puede ser pequeña, pues muchos no ganan mucho más de lo que gastan y su patrimonio aumenta por plusvalías y no por el ingreso ahorrado. Dos, el impuesto sobre las herencias es un tema políticamente tóxico. La mayoría de los votantes lo detesta y los políticos, comprensiblemente, tienden a evitar aquello que a la mayoría de los votantes no les gusta.

Pero para UP, el tema es permanente y, maliciosamente, enfocado para gravar las clases económicamente más favorecidas. En estos momentos, el objetivo fundamental debiera ser asegurar el mantenimiento y la captación de capital y reforzar nuestro debilitado tejido empresarial, con el fin de consolidar sus recursos, para potenciar su competitividad y ampliar su capacidad de generación de empleo.

Si Unidas Podemos no fundamenta su relato en medidas que fomenten el crecimiento económico y la creación de empleo, sino en la amenaza fiscal a los patrimonios, no solo no se conseguirá el incremento de la recaudación, sino que perderemos buena parte de la actividad empresarial y de los capitales que necesita nuestra economía para, de manera natural, generar ese incremento, sin necesidad de ajuste fiscal alguno.