Vísperas electorales

A la espera de lo que digan las urnas de fin de año, jamás en nuestra democracia el panorama previo a unas elecciones generales ha sido tan movedizo, multicolor, embarrizado, sorprendente, convulso. La consulta que se celebrará en Cataluña el 27 de septiembre, plebiscitaria en la práctica, conducirá a un Parlamento en buena medida apartidista y, por tanto, difícilmente gobernable que reflejará con claridad el entusiasmo y/o el rechazo a la independencia. En el último minuto, el Gobierno derrocha promesas sin cuento. Son tantas y tan variadas que hasta resultan ridículas. Busca conseguir una votación decente, como mínimo. Mientras, mantiene cara de póquer ante las nuevas inmundicias de la ‘operación Púnica’ que afloran diariamente. El déficit de la Seguridad Social supera los 30.000 millones cuando el mantenimiento de las pensiones es la única alternativa vital para nueve millones de españoles. Concluida su larga travesía del desierto, el Partido Socialista marca tendencia y Pedro Sánchez consolida su autoridad, pero el último escándalo de la concesión irregular de los derechos mineros de Aznalcóllar es la gota que colma el vaso de los desmanes de la Andalucía socialista. Los dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, apuntan varias grietas. Desde su desafío al bipartidismo, que anunciaba dar la vuelta completa a la tortilla, han quedado reducidos a complementos necesarios, eso sí, de los dos grandes partidos. Por no hablar del escándalo Rato. ¿Fue alguna vez vicepresidente económico del Gobierno? Pero como grandes males requieren grandes remedios, los cabezas pensantes del Partido Popular estudian con febril dedicación un eventual cambio en la ley electoral, que garantizara el control de los partidos mayoritarios en el Parlamento español. Una movida de cuidado. No sería de aplicación en las próximas elecciones generales, asegura la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Pero el estudio está en marcha y se concreta en dar un plus de escaños a la lista más votada, para evitar coaliciones parlamentarias indeseadas. Algo que recuerda al intrerruptus proyecto de ley que buscaba que gobernara el ayuntamiento la lista más votada. Para su puesta en práctica necesitaría el apoyo del Partido Socialista, que no está en absoluto por la tarea, además de provocar un escándalo político mayúsculo: las reglas de juego no se pueden cambiar al final del partido. Será mejor confiar en la creciente voluntad de participación ciudadana, que registran los estudios de opinión, frente a este panorama movedizo, desconcertante. Y dejar en manos de la voluntad popular la forma de poner punto final al deterioro, y de encarar una nueva etapa. Al parecer, muchos de los que votaron en las municipales ya dieron a entender que querían «políticos/limpios/buenas personas». Está claro.