Opinión

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En el actual escenario energético global, España se enfrenta a un reto mayúsculo: garantizar la seguridad del suministro energético sin comprometer sus compromisos medioambientales. En este contexto, se hace cada vez más evidente la necesidad de replantear la vida útil de las centrales nucleares, especialmente aquellas ubicadas en territorios estratégicos como Tarragona. El sur de Catalunya alberga una parte esencial del parque nuclear español, con centrales como Ascó y Vandellòs, que llevan décadas suministrando energía de forma continua, segura y sin emisiones directas de CO2. Pero su importancia va mucho más allá de la simple generación eléctrica: estas infraestructuras son vitales para sostener el tejido industrial del territorio, un factor que no puede ignorarse en la toma de decisiones políticas y energéticas. Proyectos de envergadura como la Ecoplanta de Repsol en el polígono petroquímico de Tarragona —el más importantes del sur de Europa— o la futura gigafactoría de IA de Móra d’Ebre, requieren un suministro energético estable, abundante y competitivo. La electrificación de procesos industriales, el desarrollo del hidrógeno verde y el almacenamiento energético son apuestas clave para la reindustrialización sostenible del país, pero no pueden construirse sobre una base de inseguridad energética. Cerrar las centrales nucleares sin disponer de alternativas reales y estables a gran escala no solo pondría en riesgo estos proyectos, sino que podría provocar una fuga de inversiones y un aumento de la dependencia energética del exterior. La nuclear, aunque no es una solución definitiva, sigue siendo una herramienta de transición válida y necesaria para garantizar el equilibrio de la red eléctrica, especialmente cuando las energías renovables aún no pueden cubrir toda la demanda. Reabrir el debate sobre la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, con criterios técnicos, medioambientales y económicos, es un acto de responsabilidad. Tarragona, como nodo energético e industrial de primera magnitud, no puede quedar desprotegida en este proceso La decisión no es sencilla, pero la alternativa —una transición energética sin respaldo sólido— podría resultar mucho más costosa para el desarrollo económico, la estabilidad del sistema eléctrico y la sostenibilidad real.

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