El alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, anunció ayer que el ayuntamiento de la capital está en «riesgo de quiebra», para concretar que «a día de hoy, para seguir prestando los servicios públicos nos hacen falta 14 millones de euros». Una complicada situación que Viñuales atribuye al «incremento del IPC, el aumento del precio de la energía, los intereses, la inflación y la subida del 3% en el salario de los funcionarios», entre otras cosas. Ante la gravedad del estado de las cuentas de la ciudad, el alcalde tomará una serie de medidas y, tras reunirse con los grupos de la oposición, dejó ver que en los próximos días presentará una propuesta de nuevas ordenanzas fiscales. Es verdad que la financiación de las entidades locales es una asignatura pendiente del Estado, pues los ayuntamientos, posiblemente por ser la administración más cercana a los ciudadanos, prestan una serie de servicios que van más allá de sus propias competencias. Pero no es menos cierto que en Tarragona se ha producido en los últimos años toda una serie de despropósitos y de chapuzas que han supuesto un considerable despilfarro del dinero de todos los contribuyentes sin que nadie haya asumido responsabilidad alguna –el caso del párking ‘inteligente’ Jaume I es el ejemplo más flagrante, pero no el único–.
Tratar de solucionar el agujero a costa de unos ciudadanos castigados por los impuestos más altos del país es injusto y difícil de entender
Por eso tratar de solucionar el agujero de las arcas municipales a costa de unos ciudadanos ya castigados por los impuestos más altos del país –lo que no se corresponde con la calidad de los servicios que reciben– y afectados además por todas las causas que esgrime el Ayuntamiento para argumentar su situación –inflación, aumento de intereses, incremento de los precios de la energía y el combustible...– es una medida injusta y difícil de entender. Sobre todo cuando hay familias, incluidas muchas de lo que un día fue la clase media– que lo están pasando francamente mal. La solución ha de pasar por una gestión eficaz, transparente y eficiente de los recursos disponibles, algo en lo que Tarragona tiene un enorme margen de mejora.