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    El peligro de alquilar una vivienda ‘en negro

    24 marzo 2024 20:46 | Actualizado a 25 marzo 2024 07:00
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    Una cuarta parte de los pisos que se alquilan en la demarcación de Tarragona no se declara a Hacienda, es decir, que son ‘en negro’. La práctica, aparte de ser ilegal, puede suponer un problema si el inquilino no cumple con los pagos. El principal objetivo del propietario que opta por la economía sumergida es ahorrarse impuestos, pero puede tener un efecto boomerang. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, «la situación del propietario que alquile en negro es muy arriesgada durante los cuatro años de prescripción desde que finaliza el plazo de declaración». Hacienda además está estrechando el cerco a los acuerdos ‘sumergidos’.

    Algunos expertos atribuyen, en parte, la situación a la nueva ley de la vivienda. Para Manuel Sosa, abogado, experto inmobiliario y administrador de fincas, «la política de poner límites al mercado ha tenido un efecto rebote en contra por parte de muchos arrendadores o propietarios que han retirado sus pisos del mercado general. Al haberse reducido la oferta de viviendas, se ha creado un caldo de cultivo para que se cree un cierto mercado negro». El director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, Héctor Simón, advierte, por su parte, que «cuanto más intervencionista es la legislación, más huyen las partes para tener más flexibilidad».

    La nueva ley de la vivienda ha recibido críticas a diestro y siniestro. Desde los propietarios que rechazan el control que ejerce a determinadas entidades que alertan de que puede ser contraproducente. La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) ha tildado la norma de «estar ideologizada» y cree que «no soluciona el problema actual».

    En todo caso, la intención de la ley parece ser buena. Otra cuestión es que su aplicación práctica tenga los efectos deseados. La norma incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y busca apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda. Veremos si funciona.

    Una cuarta parte de los alquileres de la provincia no se declaran a Hacienda, que está estrechando el cerco a los acuerdos ‘sumergidos’
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