El problema de la vivienda

Pese a ser un derecho reconocido en la Constitución, el acceso a la vivienda es uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Y lo es sobre todo para esa legión de jóvenes que se ve obligada a permanecer en el hogar paterno ante la imposibilidad de emanciparse, un hito que se retrasa hasta más allá de los treinta años.

Es por ello que se esperaba con expectación la nueva ley de vivienda, un paso importante para dar respuesta al problema social en el que se ha convertido el elevado coste de la vivienda en algunas áreas urbanas y turísticas, como es el caso de Tarragona.

La trascendencia y complejidad del asunto requería alcanzar el máximo consenso posible, así como tener en cuenta todas las patas de la ecuación, desde lo que buscan piso hasta los que los promueven o los que tienen terrenos para hacerlo, pasando por los propietarios y teniendo en cuenta que no todos son grandes inversores. Sin embargo, hoy son muchas las voces que alertan de que la ley no mejorará la situación.

La reserva de un porcentaje de las promociones para pisos sociales o el tope en los precios del alquiler son un camino aparentemente rápido, pero se corre el riesgo de que la oferta sufra una significativa reducción o que se genere un desvío hacia alquileres temporales inferiores a un año.

En este sentido, los expertos insisten en que el gran problema del alquiler en este país es la falta de oferta, por lo que sería necesaria una ingente inversión pública en la construcción de pisos de alquiler social.

En todo caso, y a la espera de cómo evoluciona el mercado, lo que parece claro es que una ley de vivienda es un proyecto demasiado ambicioso para ponerlo en marcha a las puertas de unas elecciones y a unos meses para que acabe la legislatura.

Sería necesario un acuerdo entre quienes gobiernan o pueden gobernar en las distintas administraciones recordando que somos, constitucionalmente, una economía social, pero también de mercado.