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    Pisos sin gente y gente sin casa

    10 febrero 2023 19:02 | Actualizado a 11 febrero 2023 07:00
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    En la provincia de Tarragona hay más de 6.500 pisos vacíos de grandes tenedores. En el lado opuesto de la ecuación se hallan miles de ciudadanos que no encuentran una vivienda para comprar o alquilar, bien por la escasez de la oferta, bien por los altos precios.

    Es la eterna paradoja que con tanta frecuencia se da en este país: casas sin gente y gente sin casa. Visto así, parecería un problema sencillo de resolver. Sin embargo, la cosa no es tan simple. Como bien dice el abogado y experto inmobiliario Manel Sosa en el reportaje que publica este Diari en sus páginas 2 y 3, «nadie tiene un piso vacío por capricho».

    Asumida esta premisa, habría que ver qué sucede en cada caso para que haya tal cantidad de viviendas vacías mientras aumenta la gente que busca un techo bajo el que cobijarse o bajo el que emanciparse del hogar paterno. En este sentido, son muchas las voces que aseguran que la inseguridad jurídica es uno de los principales motivos que frenan a los propietarios a la hora de poner sus casas vacías en el mercado del alquiler, por el temor a impagos y a la dificultad de desalojar a un inquilino moroso.

    La inseguridad jurídica es uno de los principales motivos que frenan a los popietarios a poner sus viviendas en alquiler

    Este temor se traduce en mucho casos en que quienes se arriesgan a arrendar sus casas demandan rentas y garantías muy altas. Una situación diferente es la de los grandes tenedores, en gran parte entidades financieras que mantienen cantidad de pisos vacíos a la espera de hallar un comprador. El Estado y diferentes gobiernos locales y autonómicos han tratado de buscar fórmulas para sancionar a los grandes tenedores con la intención de que pongan sus pisos vacíos en el mercado, aunque los resultados de estas políticas han sido más bien pobres.

    Y sin embargo son las administraciones las que están obligadas a regular y dar una solución a un derecho fundamental y generar viviendas de protección oficial, tanto en régimen de venta como de alquiler, para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna.

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