La celebración, hoy, del 45º aniversario de la Constitución llega en unos momentos en los que la separación entre los poderes del Estado, como fundamento nuclear del sistema democrático, está poniéndose en entredicho a diario.
No se trata únicamente de que los contrapesos de ese sistema generen tensiones y controversias esporádicas entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Lo preocupante es que se cuestionen mutuamente, negando o restando legitimidad a sus respectivas decisiones sin atender a las razones expuestas por cada instancia, o aceptar la última palabra de los tribunales evitando suponer que obedezca a intenciones ajenas a las de la aplicación de la Ley.
Y no ayuda, en absoluto, el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial lleve cinco años caducado. El bloqueo, imputable a la renuencia del PP, se ha convertido en un argumento que parece justificarlo todo en la colisión entre poderes constitucionales.
El CGPJ lleva cinco años caducado. Cada día que pasa supone un descrédito para las instituciones que el país no se puede permitir
La diatriba entre los principales partidos sobre el obligado cumplimiento de las previsiones constitucionales o la necesidad de que los poderes del Estado actúen por separado para asegurar su equilibrio tiende a olvidar algo muy importante: la seguridad institucional que requieren los funcionarios que investigan, procesan y juzgan, y la confianza de los ciudadanos respecto al ejercicio de la Justicia.
Se trata de una situación sumamente grave que requiere una solución inmediata. Ayer el Partido Popular ofreció un desbloqueo al PSOE, aunque poniendo como condición un cambio en el sistema de elección de los jueces.
En la cuestionable persecución de sus propios intereses, los partidos políticos no pueden secuestrar uno de los principales poderes del Estado, que por definición debe ser independiente.
Desatar el nudo que ahoga al CGPJ y que afecta seriamente al funcionamiento del Estado es una prioridad que no puede esperar, pues cada día que pasa supone un descrédito para las instituciones que el país no se puede permitir.
