En las campañas preelectorales son bastantes los políticos y tertulianos que repiten insistentemente que «la política no puede estar supeditada a la economía». También defienden la primacía de lo público respecto a lo particular, sin valorar si el coste es el más competitivo. Detrás de esas intenciones, que ‘venden’ como benemérita solidaridad, se esconde el clientelismo de los políticos para otorgar empleos y servicios gratuitos a sus protegidos, sin importarles que el Estado ‘nodriza’ resulte insostenible. Cuando estas decisiones partidistas contradicen las inexorables leyes económicas que impone el mercado en todo el mundo libre, es inevitable que la inestabilidad económica se instale. Entonces el dinero huye porque la fiscalidad es tan exigente que se pierde el incentivo para generar riqueza. Quizá, una de las áreas más sensibles a los vaivenes de la política es la inversión extranjera. El dinero se arriesga en los países en los que se espera que la rentabilidad sea más probable, de acuerdo a las estimaciones más objetivas, como la evolución de la deuda y el déficit y otras más cualitativas, como la estabilidad política y la seguridad jurídica.
En 2014, las inversiones extranjeras en España aumentaron un 9,8%, lo que supuso la llegada de 17.600 millones, 1.600 más que el año anterior. Sin embargo, esta mejora fue muy desigual. Por un lado, nos encontramos a algunas comunidades que son un polo de atracción de capital y que mejoran su posición, y otras que fueron interesantes en su día pero ahora pierden ‘glamour’. Por otro lado, hay una serie de comunidades que nunca han tenido un fuerte tirón y que sólo son capaces de animar el apetito inversor en determinadas circunstancias.
En segundo lugar, encontramos CCAA que en los dos últimos años han logrado un registro mediocre, obteniendo al menos 100 millones en cada ejercicio. Se trata de Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Castilla y León y Aragón. Aunque parezca que se sitúan en la media, ya que sólo estas regiones suman un tercio del PIB español, solo acaparan el 9% de la inversión exterior y, por lo tanto, tienen mucho camino por recorrer.
Quedan las CCAA que aun habiendo tenido un buen año, no atraen capital de forma recurrente. Algunos casos se deben al tamaño, pero otros no: Galicia o Canarias no andan muy lejos de tener una economía del tamaño de País Vasco. Sin embargo, las reacciones del Gobierno canario frente a Repsol, tratando de vulnerar toda seguridad jurídica, no ayudarán a que en el futuro se instalen más empresas. Algo similar sucede en Navarra, que ha perdido vitalidad por la inestabilidad del Gobierno.
