El precio de estar conectados

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) inició en diciembre de 2018 una investigación para verificar si WhatsApp respetaba las obligaciones de transparencia impuestas por el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, que había entrado en vigor seis meses antes. El organismo del país que acoge la sede europea de la compañía tecnológica resolvió en su contra un par de años después, proponiendo una sanción de 50 millones de euros en virtud del artículo 60 del RGPD. El motivo alegado fue la insuficiente información ofrecida a los usuarios –y, sobre todo, a los no usuarios– sobre la forma de intercambiar datos, especialmente con su matriz, la todopoderosa red social Facebook. En efecto, esta falta de transparencia no sólo afecta a quienes se descargan la aplicación, sino también a los titulares de los números de teléfono que se sincronizan desde el directorio del usuario, quienes asisten pasivamente al comercio de sus datos sin comerlo ni beberlo.

Aunque medio centenar de millones de euros puede parecer una cantidad descomunal para la mayoría de los mortales, en la escala de las ‘big tech’ constituye un montante bastante manejable. No nos engañemos: Irlanda se ha convertido en un destino paradisíaco para las multinacionales estadounidenses, gracias a la magnánima tolerancia con que las trata fiscal y regulatoriamente, y no quiere perder esa posición privilegiada por nada del mundo. Sin embargo, ocho organismos supervisores continentales se opusieron tajantemente a la sanción preliminar propuesta por Dublín. Estas alegaciones traspasaron la decisión final a manos del Comité Europeo de Protección de Datos, quien elevó la multa hasta los 225 millones de euros por cuatro infracciones graves del RGPD. Es una cifra que escuece, sin duda (ya se ha anunciado un recurso) pero, en realidad, no deja de ser un pellizco de monja para un monstruo como Facebook.

Han pasado ya cinco años desde que el emporio de Mark Zuckerberg comprara la plataforma de mensajería por más de 20.000 millones de dólares, 4.590 en efectivo y el resto en títulos de la matriz (178 millones de acciones y 46 millones de opciones). Una décima parte del precio acabó en el bolsillo del fundador de WhatsApp, el ucraniano Jan Koum, quien continuó como presidente ejecutivo de la compañía y se convirtió en un alto directivo de la red social. Pensemos que, por aquel entonces, la pequeña empresa californiana de Mountain View apenas tenía una plantilla de setenta trabajadores. Tras la compra, el gurú de Facebook se comprometió a defender un mantra de la aplicación gratuita, además de la exclusión de publicidad: no usar los datos de los usuarios. La pregunta era evidente: ¿entonces, para qué gastarse aquella fortuna en una herramienta digital con un modelo de negocio tan nebuloso? Es cierto que, actualmente, algunos servicios de WhatsApp Business son de pago, pero el activo evidente de la plataforma es una descomunal base de datos sobre sus más de 2.000 millones de usuarios activos. De hecho, poco tiempo después de la adquisición, el trasvase de información entre ambas firmas resultó imparable e inocultable. Como suele decirse, cuando un producto digital es gratis, el producto eres tú.

Alguno pensará que la protección efectiva de la privacidad individual en Europa está mejorando radicalmente de un tiempo a esta parte. Después de todo, son ya numerosas las multas estratosféricas que las autoridades supervisoras han impuesto a grandes empresas de diferentes sectores por infringir la normativa sobre gestión de datos personales: 12 millones de euros a Vodafone Italia, 20 a la cadena hotelera Marriot International, 22 a la compañía aérea British Airways, 35 a la firma de moda H&M… Aun así, no debemos engañarnos. El motivo de la investigación emprendida contra WhatsApp no fue la propia compartición de nuestros datos personales, sino el simple hecho de no informar de forma clara sobre ello. En definitiva, a la plataforma de mensajería sólo se le exige que cambie sus términos de uso, no que respete la privacidad de los usuarios.

Sin duda, comienza a provocar un cierto vértigo la renuncia a la intimidad que debemos aceptar para poder participar en los nuevos canales de comunicación. Se nos impone autorizar el acceso a nuestro nombre, número de teléfono, ubicación, calendario, contactos, contenido de nuestros mensajes, fotografías, audios… El incipiente modelo de servicios digitales exige optar entre un desnudamiento informativo absoluto o una desconexión cartuja de la nueva realidad social.

Pero es que, aunque los organismos supervisores superasen los aspectos formales para afrontar el fondo sustancial del problema, también deberíamos cuestionarnos la eficacia de estas sanciones mientras fuesen inferiores al beneficio derivado del incumplimiento. En efecto, no puede compararse la utilidad de una multa aplicada a una empresa tradicional por una incorrecta política de gestión de la información, y la efectividad de la sanción impuesta a una plataforma cuyo núcleo de negocio es precisamente el mercadeo con datos personales. En el primer caso, es razonable pensar que su cúpula directiva aceptaría determinadas renuncias en este ámbito más o menos colateral, pero en el segundo estaríamos hablando de un torpedo en la línea de flotación del propio modelo de ingresos.

En cierto modo, podría hacerse un paralelismo con lo que llevamos observando desde hace décadas en diferentes campos de nuestra economía como, por ejemplo, el sector televisivo: criterios sobre contenidos en horario infantil, limitaciones de duración y volumen en los bloques de publicidad, etc.

Nunca servirá para nada imponer una multa de 10 a quien gana 100 gracias al incumplimiento. Es una evidencia para cualquiera, pero parece que algunos no acaban de comprenderlo. O quizás lo entienden perfectamente, pero por motivos oscuros, les resulta más provechoso fingir que no lo hacen.

Colaborador de Opinió del ‘Diari’ desde hace más de una década, ha publicado numerosos artículos en diversos medios, colabora como tertuliano en Onda Cero Tarragona, y es autor de la novela ‘A la luz de la noche’.