La vía Asens

La derogación del delito de sedición del Código Penal ha supuesto acabar con una anomalía democrática del Estado español de más de 200 años. Además de ser la propuesta con la que En Comú Podem se presentó a las pasadas Elecciones Generales, era también una exigencia de Europa, los Tribunales Europeos, el Consejo de Europa y Naciones Unidas. Es, por lo tanto, una medida que nos acerca al resto de países democráticos europeos, adecuando la regulación a la realidad actual y mejorando su redacción.

No obstante, el camino no ha sido fácil. Conviene recordar que el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos empezó este camino en solitario siendo criticado, tanto por los partidos de derecha, como por los de izquierda. Afortunadamente, tras las debidas negociaciones, Partido Socialista y Esquerra Republicana, así como buena parte del espectro parlamentario progresista, bendicen la iniciativa.

Por su parte, los partidos de corte más reaccionario alegan que esta reforma legislativa supone una suerte de traición o humillación para el Estado español. Más allá de su enroque lo cierto es que la reforma legislativa no deja de ser una medida cuyo objetivo primordial no es otro que encaminar el conflicto catalán hacia la normalización y la desjudicialización. Por más que haya formaciones que no les interese, conviene alejarse de la crispación y resolver problemas que son sustancialmente políticos a través de la política.

Otro aspecto menos conocido de la iniciativa planteada es que, además de suprimir la sedición, la reforma afectará también a otros apartados del Código Penal para, entre otros cambios, transponer varias directivas europeas como la de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos al efectivo. Además, se introduce, dentro de los delitos contra la integridad moral, una modalidad específica para castigar la ocultación del cadáver tras un crimen, un cambio que habían reclamado familias de víctimas como Marta del Castillo, que nunca han sido encontradas.

Asimismo, un aspecto que ha acarreado críticas por parte de algunas plataformas ciudadanas es la introducción de una modalidad agravada de desórdenes públicos, con penas de entre tres y cinco años de cárcel para quienes, actuando en grupo, ejecuten actos de violencia o intimidación con el fin de afectar gravemente el orden público.

Si bien aminorar la protesta no es el objetivo de los legisladores, a tenor de las interpretaciones que tiende a hacer el poder judicial conviene tener en cuenta la crítica planteada por parte de los movimientos sociales. La reforma proyectada puede y debe ser mejorada a lo largo del trámite parlamentario.

Es tarea de todas las fuerzas políticas, tanto catalanas como del resto del Estado, seguir trabajando para que nuestro anacrónico Código Penal pueda homologarse al del resto de Estados europeos y sirva para dar respuesta a los retos vigentes de la sociedad del siglo XXI.