Ser demócrata o intentar parecerlo

La democracia es un difícil juego de equilibrios, sujeto siempre a tensiones y peligros. A lo largo de la historia la rotura de estos equilibrios ha llevado a regímenes autoritarios, de ahí la importancia de preservar estos equilibrios, muchas veces sometidos a tensiones por intereses partidistas o particulares.

Siempre hay alguien al acecho para aprovechar cualquier tensión en las instituciones democráticas para destruirlas, a costa de quien, ingenua o intencionadamente, ha roto esos equilibrios. Las democracias liberales nacidas después de la segunda guerra mundial son una combinación de esos equilibrios; por un lado, el respeto a la ley y los derechos fundamentales como garante del estado de derecho y, por otro, el respeto a las instituciones democráticas pieza esencial de cualquier democracia.

En ese juego de equilibrios del que hablamos hay cuestiones fundamentales, que ni siquiera se encuentran en la ley ni en los reglamentos, como conocen muy bien los ciudadanos del Reino Unido, cuna del Common Law. Convención asumida por todos para preservar a las instituciones, no está escrito, pero es respetado por cualquiera que se considere demócrata.

Seguro que todos recuerdan la pomposa ceremonia de apertura del parlamento británico, con las llamadas a los comunes sin respuesta, como símbolo de la independencia de los comunes frente a la corona. Así mismo, a nadie se le ocurre cuestionar al Rey por su discurso, ya que este es elaborado por el gobierno, ni tampoco al rey se le ocurre cambiar una coma de dicho discurso. Quizás los ingleses exageren con sus costumbres, pero es su forma de preservar las instituciones, en definitiva, de preservar la democracia.

En España también tenemos costumbres que desde la Constitución del 78 sirven para preservar las instituciones, quizás no tan pomposas como las británicas, pero no por ello menos importantes. Veamos solo un par de ejemplos, una de las instituciones que siempre ha estado sometida a tensión ha sido la Fiscalía General del Estado, y precisamente para intentar preservarla, al menos formalmente, se ha considerado que quien se ha sentado en la mesa del Consejo de Ministros no podía directamente pasar a la jefatura de la fiscalía, de igual manera una vez el gobierno estaba en funciones no se procedía a nombrar a altos cargos de la fiscalía a la espera del resultado de las nuevas elecciones y el nombramiento del nuevo fiscal general.

Contravenir estas prácticas es legal, no hay ninguna norma que lo prohíba, pero es poco democrático, pone de manifiesto el poco respeto a las instituciones y a la democracia de quien así actúa, puede aparentar ser un demócrata, pero no lo es.

Todo esto y algunas cuantas cosas más han saltado por los aires en los últimos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez, en los casos antes descritos en la persona de Dolores Delgado. ¿Era legal nombrarla Fiscal General del Estado y ahora Fiscal de Sala y Derechos Humanos y Memoria Democrática?, pues seguramente sí, aunque por defectos formales haya sido impugnado este último nombramiento; pero, ¿es democrático? por supuesto que no, se ponen en peligro y se cuestionan las instituciones que precisamente debe proteger la democracia.

Es legal convocar las elecciones generales a finales de julio, pues claro que sí, pero adolece de una falta de respeto a la democracia. Me explico, cualquier verdadero demócrata, independientemente de sus planteamientos políticos, debe buscar la participación política de los ciudadanos, el desapego de estos a la política es precisamente el caldo de cultivo de los peligrosos populismos.

Y en una democracia la esencia de la participación política es el voto, por ello es importante facilitar el voto del ciudadano. Por lo tanto, la apresurada convocatoria a finales de julio en plena época de vacaciones, se calcula que casi veinte millones de españoles estarán de vacaciones fuera de sus hogares, y en plena canícula veraniega con temperaturas que en algunas regiones superarán los 40 grados en el interior de los colegios electorales, no responde al interés general de la participación política sino al interés personal y particular de Pedro Sánchez, en un intento de perpetuarse en el poder a costa de poner en peligro la participación democrática en dichas elecciones.

Podríamos seguir con multitud de ejemplos de lo que ha ocurrido en España en estos últimos 5 años, muchos de ellos seguramente legales, pero profundamente poco democráticos, e incluso otros profundamente ilegales, como reconoció el Tribunal Constitucional en los diferentes estados de alarma en los que se negó al parlamento su control.

Cuando la Ley te otorga poderes espaciales, como en el caso del estado de alarma, el gobernante así investido debe responder de estos poderes especiales ante el parlamento, y precisamente por esos poderes especiales el control parlamentario debe ser de mayor intensidad, pero Sánchez no quería un pleno cada 15 días, como establece la Constitución, donde habría un debate y una votación, prefirió un estado de alarma sin control parlamentario de 6 meses, combinado con un sabatino «aló presidente» retrasmitido por televisión al puro estilo bolivariano, y todo ello por pura estrategia de comunicación personal y evitar su desgaste político, con el único fin de preservar su imagen.

El respeto a las instituciones democráticas de un país requiere creérselas y respetarlas como elemento esencial del pluralismo que representan. Las instituciones no son de quien gobierna, son de todos los españoles, y este es el gran mal que ha introducido en la política, lo que se ha denominado, el Sanchismo, hacer prevalecer los intereses personales del Presidente a los intereses de la democracia y, por lo tanto, a los intereses de los españoles.

Y en ello recaba precisamente lo que nos jugamos en las próximas elecciones generales del día 23, recuperar el respeto a las instituciones democráticas, que tanto nos costó conseguir y que tanto nos ha comportado mantener, y eso solo será posible con una sólida mayoría de Alberto Núñez Feijóo. Solo así volveremos a la política en la que prevalezca el interés general de los españoles por delante de los intereses personales.