Los efectos de la incompetencia

Apenas unos meses después de la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley de ‘solo sí es sí’, ha quedado constatado que los riesgos que algunos advirtieron se han convertido en una preocupante realidad. En efecto, aparte de poner el foco en el factor del consentimiento al enjuiciar los delitos de índole sexual, la nueva norma introdujo unos cambios en las penas que permiten rebajar las condenas de las agresiones pasadas.

Hasta el momento, más de cuatrocientos condenados por delitos sexuales se han visto beneficiados por el proyecto estrella del Ministerio de Igualdad. Casi medio millar, que se dice pronto, a los que previsiblemente seguirán otros agresores durante las próximas semanas, porque una eventual rectificación normativa no impediría que esta rebaja se aplicase a todos los actos cometidos con anterioridad, en aplicación del principio básico del derecho penal que permite a cualquier delincuente acogerse a la regulación que le resulte más beneficiosa. De hecho, más de una treintena de agresores sexuales han sido inmediatamente puestos en libertad gracias a la iniciativa de Irene Montero.

La inquietud es evidente. ¿Qué ocurrirá si alguno de estos delincuentes vuelve a cometer un acto semejante en los próximos días, una eventualidad que entra dentro de lo probable, teniendo en cuenta el volumen de excarcelados y el índice de reincidencia en este ámbito? Si semejante resultado de la ineptitud legislativa no es motivo suficiente para una dimisión -o un cese- fulminantes, ¿qué lo es? Aun así, la ministra ya ha dejado claro que no piensa renunciar a su puesto en ningún caso, ni siquiera en el supuesto de que el PSOE impulse una enmienda de esta ley de forma unilateral. Antes muerta que dimitida.

Pese a la constatación de este alarmante desaguisado, que debería haber generado un escándalo mayúsculo entre los colectivos presuntamente más sensibilizados con el tema, hemos comprobado una vez más que en este país de pandereta sólo se critican los errores cuando los comete el adversario político. Si son los míos, paños calientes.

Los morados se han negado a reconocer la equivocación y promover una rectificación hacia el futuro, echando la culpa de lo sucedido a los de siempre: la derecha mediática, la judicatura machista, el contubernio conservador, el lobby patriarcal... Cualquier cosa antes de admitir que la norma estaba mal diseñada. Ya se sabe: el perro se ha comido mis deberes. A nadie se le escapa que estas excusas de mal pagador no son más que un burdo intento por desviar la atención de una incompetencia esférica que dice mucho de sus responsables y de quienes los respaldan por acción u omisión.

La propia Manuela Carmena, magistrada, jueza emérita y exalcaldesa de la capital española por Ahora Madrid (que integraba a Podemos), ha sido muy clara al respecto: «No corregir la ‘ley del sí es sí’ es soberbia infantil». Estas declaraciones provienen de una dirigente poco sospechosa de confraternizar con la derecha, pero que siempre ha demostrado una meritoria y envidiable libertad intelectual en el marco del penoso modelo político maniqueo que padecemos desde hace décadas. Y, como era de esperar, han sido muchos los líderes morados que han volcado toda su ira cainita contra Carmena, con palabras de desmesurado e injusto calibre, que sólo sirven para demostrar la penosa talla moral y mental de sus autores.

Parece que al sector socialista del gobierno se le ha acabado la paciencia, y la «reforma de la reforma» se llevará a cabo sí o sí, nunca mejor dicho. En cualquier caso, este afortunado cambio de rumbo ha generado cierto regusto agridulce: por un lado, merece una valoración lógicamente positiva, porque se enmendará una norma con unas consecuencias preocupantes que no se pueden obviar, pero también negativa, porque la decisión de rectificar parece tener mucho que ver con factores de índole electoral.

Han sido varios los medios de comunicación que han filtrado las presiones que ha recibido el ejecutivo desde diferentes organizaciones locales y autonómicas del PSOE, alarmadas por los efectos devastadores que este desastre puede tener en los próximos comicios de mayo. No deja de ser triste que una ley defectuosa se corrija porque reduzca las expectativas electorales, en vez de hacerlo porque contenga errores clamorosos, un fenómeno que impone una reflexión sobre las motivaciones que realmente alimentan la actuación de nuestros partidos.

Aunque no soy optimista al respecto, esperemos que ninguno de los delincuentes sexuales excarcelados vuelva a cometer una agresión sexual gracias a la libertad de la que ahora disfrutan por la imperdonable torpeza del Ministerio de Igualdad. Mientras tanto, seguro que Irene Montero seguirá disfrutando de sus «viajes institucionales» por medio planeta, con su chupipandi de amigas colocadas en generosamente remunerados cargos públicos, sin mostrar el menor pudor a la hora de publicar divertidos selfies en lugares emblemáticos a costa del erario público. Simultáneamente, millones de mujeres deberán ver cómo decenas de delincuentes sexuales campan a sus anchas por las calles gracias a una ley penosamente redactada.

De todo debe aprenderse. Cuando contratamos a un arquitecto o llevamos nuestro coche a un taller concreto, lo hacemos porque sabemos que son técnicos contrastados y confiamos en que viviremos o viajaremos en un hogar o un vehículo más seguros respectivamente, no porque sean personas que nos digan habitualmente lo que queremos oír, o porque sean buena gente y nos caigan estupendamente. Lo que se requiere en los temas serios es profesionalidad y experiencia, porque las buenas intenciones no mantienen un edificio en pie, ni hacen que un coche frene cuando tiene que frenar. Pues en política debería pasar lo mismo.