El rey golfo fue el título de un perfil biográfico sobre Alfonso XIII publicado en 2015 por el escritor y periodista Martín Olmos que le acarreó ser despedido del diario El Correo. Estos días resulta turbadora su lectura a la vista de las semejanzas en todas las facetas que existen entre el abuelo exiliado y el nieto expatriado.
Por si faltaba algún paralelismo, al Alfonso XIII inspirador de desastrosas aventuras coloniales en Marruecos –por intereses económicos de sus allegados y suyos propios– que llevaron a la muerte a miles de jóvenes reclutas, hoy también podemos contraponer los indicios de que Juan Carlos I cobró del emirato de Kuwait como recompensa por el apoyo español a la primera guerra del Golfo.
Se están utilizado diversos verbos para definir la decisión del rey emérito de abandonar España. Pocas veces la elección de un verbo ha implicado tanto posicionamiento. Yo diría que se ha ido sin pagar, al menos a Hacienda. Indecoroso final, en cualquier caso, para un monarca que tomó una decisión tan trascendental para la historia de España como fue renunciar al poder absoluto que heredó de Franco y promover la transición a la democracia.
A mi entender, esa fue su mejor hora, muy por encima de su papel en el 23-F, y más cuando todo apunta a que antes de frenar el golpe de estado de los nostálgicos de la dictadura, el rey no le había hecho ascos a un golpe de timón menos violento.
Esta hoja de servicios compensaba el anacronismo de instaurar una monarquía a finales del siglo XX y que el trono lo ocupara el elegido por un dictador aliado de Hitler y Mussolini que aguantó en el poder hasta morirse de viejo.
¿Que podía salir mal para que todo se torciera? En mi opinión, la cuestión está en otra pregunta: ¿Cuánto va a tardar en torcerse una institución cuyo ocupante no es elegido democráticamente y no está sometido al imperio de la ley?
Por lo que hoy sabemos, la cosa descarrió hace ya mucho tiempo, pero como sobre el depositario de la corona se asienta toda la arquitectura constitucional, ahora hay que preservar la figura de Felipe VI.
La alternativa, cada vez menos ilusoria, sería someter a la monarquía al escrutinio de la voluntad popular, aunque las circunstancias aconsejan no añadir una crisis institucional más al carrusel de crisis que ya sacuden al Estado español.
Desconozco qué piensa realmente el presidente Pedro Sánchez sobre el asunto, pero lo cierto es que ha apostado fuerte por despachar al rey padre para intentar salvaguardar al rey hijo.
Cabe suponer que Sánchez y su laboratorio demoscópico han detectado que la mayoría de españoles están hasta el gorro de corruptos y vividores a costa del erario público y no quieren más monsergas cuando ya sufren en sus carnes las consecuencias de la gran recesión provocada por el Covid-19 y temen que lo peor aún esté por llegar.
En este escenario, ya no caben nuevas tomaduras de pelo como aquella de «me he equivocado, no volverá a ocurrir» o mensajes navideños exigiendo ejemplaridad en el ejercicio de las responsabilidades públicas mientras se practica lo contrario.
Para colmo de males para los Borbones, la Casa Real afronta su peor crisis con republicanos en el Gobierno, que además ejercen de tales.
Con el vicepresidente Pablo Iglesias calificando de «indigna» la «huida» de España de Juan Carlos I, el presidente Sánchez ha jugado a la vez la carta de la responsabilidad institucional y de la presión para castigar los escándalos y presuntas corruptelas del rey emérito. Más que una disonancia insostenible en el Gobierno, quizá estemos ante un avance más en la estrategia de Pedro Sánchez para copar el centro político.
Por lo demás, la salida de España de Juan Carlos de Borbón resalta el papelón que ha vuelto ha hacer la justicia. La Hacienda pública lleva años mirando hacia otra parte en lo referente a la familia real, mientras empapela sin piedad a sus súbditos.
Por su parte, la Fiscalía ha ejercido de Don Tancredo desde que saltaron las primeras noticias de posibles conductas ilícitas, al igual que el Tribunal Supremo. Como este es un terreno abonado a comparaciones interesadas sobre casos no siempre equiparables, me limito a preguntarme si la justicia actuará de la misma forma que lo hizo con Sandro Rosell, a quien también investigó por recibir comisiones irregulares.
En este país, sabemos con certeza que no todos somos iguales ante la ley –la inviolabilidad del rey así lo constata– y sospechamos la justicia tampoco es igual para todos.
Y para no mirar sólo hacia otras partes, una negligencia añadida que pone de manifiesto este asunto es la de los medios de comunicación, que durante años han sido incapaces de ejercer la labor que les correspondía respecto a la figura del rey.
Sobre lo que nos deparará el futuro, me remito a mi tía María, que a sus 99 años y ajena a todos estos embrollos, tararea las canciones que aprendió en su infancia, allá por los años 20 del siglo pasado. Una de las que más repite dice: «Si no és avui serà demà, la República vindrà...».
