Reforma electoral

El modelo electoral español, que se basa en el cálculo de restos, se caracteriza por primar a las dos primeras formaciones y por penalizar a la tercera y siguientes. Históricamente, PP y PSOE han mantenido la primacía desde 1982 hasta el pasado 20-D, y los terceros en discordia han tenido angustiosas dificultades de supervivencia. Así por ejemplo, Izquierda Unida lograba el 20D 923.000 votos y sólo dos diputados (uno por cada 462.000 electores) en tanto en estas mismas elecciones el PP necesitaba 59.000 electores para cada escaño y el PSOE, 61.000. A cierta distancia, cada escaño de Ciudadanos ya costaba 79.500 votos. Es, pues, evidente que con este sistema electoral la utilidad del voto es mayor cuanto más respaldo tiene el destinatario. O, dicho de otro modo, el elector, por razones obvias, intentará sacar la mayor utilidad a su decisión optando por unas de las opciones que más pueden influir (el celebre voto útil). Así las cosas, no es difícil entender que, si no se procede a una reforma de la ley electoral, la tendencia al bipartidismo se mantendrá. Y, en todo caso, la persistencia de este sesgo intencionado perjudicará a los actores políticos que estén en tercero y cuarto lugar en el ránking. Es plausible que Ciudadanos intente aprovechar su actual posición –y el que tendría en un gobierno encabezado por Rajoy– para forzar una reforma electoral para que las terceras vías eviten esta característica del sistema que las empuja a a la desaparición.