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Democracia y/o eficacia

| Actualizado a 01 septiembre 2022 07:00
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Generalmente, se contrapone el sistema de libertades y derechos en un Estado de Derecho Constitucional y Democrático con la seguridad y el orden. Es la tradicional discusión sobre si la seguridad y el orden, pueden convivir totalmente con un sistema de libertades o bien que para tener más seguridad se deben recortar aquellas. Este es el planteamiento básico y clásico.

Pero puede haber además y también otro planteamiento, que sin tener tal vez la importancia, incluso filosófica y de principios, del dibujado en el párrafo anterior. Puede que resulte, quizás, más importante en el día a día de la ciudadanía y en la satisfacción de sus necesidades públicas en cuanto a servicios públicos, funcionamiento de las administraciones y la necesidad de contactar con ellas. Se puede por lo tanto plantear el dilema de si la democracia puede ser o no totalmente compatible con la eficacia pública, o dicha eficacia es mayor en regímenes diferentes de las democracias occidentales y con un más que dudoso sistema de libertades y derechos.

Es la eterna lucha entre las garantías de la cosa pública y la rapidez. Cuantas más garantías para la ciudadanía, es decir, cuantos más trámites legales, menos rapidez y la eficacia se ralentiza.

Pero todo tiene matices y evidentemente todo es mejorable. Pero en relación a la supuesta mayor eficacia de regímenes que no superan el examen propio de un Estado de derecho, conviene recordar que precisamente por ello tienen en sus manos los medios de difusión suficientes para la propaganda necesaria indicando funcionamientos excelentes de obras y servicios. Pero se trata de cosas puntuales. En cambio, sus estructuras burocráticas, al final, resultan ser más complejas y seguramente más dominantes que las estructuras de un Estado de derecho normal.

Por lo tanto, se opina que lo que se debería hacer es caminar por parte de la democracia hacia sistemas más eficientes que los actuales. Porque lo que se está produciendo es que con las décadas y décadas de un Estado de derecho, las rutinas se van apoderando poco a poco de las administraciones públicas. Y las grandes crisis económicas, sanitarias, e incluso guerras de los últimos años o de ahora mismo, han sido el mejor aliado y la excusa perfecta para una ralentización administrativa. Es decir, la expresión de «falta de medios por la crisis», la que sea, sirve para que el color gris vaya cubriendo algunas administraciones y también algunos niveles políticos. En realidad debería ser al contrario. Es decir, aprovechar estas crisis para arreglar la casa administrativa propia. Para pensar en que se puede ayudar o aligerar más a la ciudadanía en sus tramitaciones, ya que son los que sufren en primera persona la crisis, evidentemente antes que las administraciones. Pero se teme que no vaya siendo así.

Cuantas más garantías para la ciudadanía, es decir, cuantos más trámites legales, menos rapidez y la eficacia se ralentiza

La rutina no hace líderes administrativos. El líder debe ser el adversario de la rutina tanto para él como en relación a sus colaboradores. Pero no todo es un problema burocrático en esta contraposición entre democracia y eficacia.

Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial también forman parte en un Estado de derecho de este entramado, que acaba en ocasiones desesperando a la ciudadanía. El legislativo con unas leyes que, sin referirme a su contenido político, dejan mucho que desear, a veces, en cuanto a sus condiciones técnicas y de redacción de manera que mandan directamente a la ciudadanía a una interpretación de la ley dependiente de un funcionario y además de la propia administración. O si no, más tarde, de un juez. Al poder ejecutivo le ocurre lo mismo, pero en este caso con el agravante de una cantidad inmensa de decretos, reglamentaciones e incluso decretos-leyes muchas veces más abundantes de lo necesario, debido, sobre todo, a que no se hicieron a tiempo los deberes. Y el poder judicial pone la guinda al sufrido ciudadano o ciudadana al dictar sentencia al cabo de años, si hay apelaciones y casaciones, con lo que ello repercute en la vida diaria. Y hasta que se llega al final cuando puede que haya cambiado la ley o la jurisprudencia. Siempre me ha sorprendido la suspensión de juicios ya que, cuando llegan después de tanto tiempo, se suspenden por motivos justificados, evidentemente, de falta de testigos, peritos, cambios de abogados, etc. Y que denota una cierta desorganización y aquí sí una falta evidente de medios. Porque siempre se ha dicho que la justicia no da votos. Debe de ser por este conjunto de cosas que en Tarragona tenemos seguramente el mejor ejemplo y desde tantos años con el tan esperado Fórum Judicial.

Estas ideas tal vez puedan servir para algún debate al principio del curso que ya se acerca, porque si no se reactiva la eficacia administrativa en unos tiempos convulsos en que las crisis se suceden e incluso se superponen, muchas personas pueden pensar que la democracia y la eficacia pública están reñidas, cuando no tiene por qué ser así. Los liderazgos administrativos aquí y en este tema tienen mucho que decir. Y feliz comienzo de curso en todos los sentidos, recordando como signo de esperanza que las golondrinas siempre vuelven, pero cuando es primavera.

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