Las puertas
del infierno

Este septiembre se ha celebrado la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde han tenido lugar dos cumbres importantísimas e interrelacionadas: la primera, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– y la segunda, sobre la Ambición Climática. En estas los Jefes de Estado y de Gobierno se han reunido para revisar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y sus ODS, así como para proporcionar orientación política de alto nivel sobre acciones transformadoras y urgentes que conduzcan a la consecución de los Objetivos. El resultado es una declaración política negociada que sirva para acelerar el progreso de los ODS. Una cuestión esencial, que no puede quedar en mera retórica sino que tiene que situarse en la primera línea de la agenda global e implementarse, porque, como decía Antonio Guterres –secretario general de la ONU–, «la humanidad ha abierto las puertas del infierno», refiriéndose a los desastres medioambientales de los últimos tiempos y a que la acción se ha quedado pequeña ante la magnitud del reto climático.

Para la consecución de la Agenda 2030 y para hacer frente a la emergencia climática la voluntad política es clave. Al respecto, el año 2023 simboliza el medio camino hacia la Agenda. Dado que los logros en materia de desarrollo se han revertido por múltiples crisis mundiales, incluidos los conflictos, el cambio climático y la pandemia del coronavirus, se necesitan medidas urgentes para conseguir los ODS. En este sentido, la Unión Europea marca el camino hacia la transformación ecológica en la línea de lo que establece la Agenda 2030. En el caso del Estado español el ministerio de Transición Ecológica y los gobiernos autonómicos y locales son los encargados de ponerse manos a la obra en los diferentes proyectos otorgados a través de los fondos europeos Next Generation así como en otras políticas dirigidas en esta dirección.

No obstante, avanzar en el camino de los ODS está siendo bastante dificultoso a nivel global por las múltiples crisis antes mencionadas pero también porque los compromisos que adoptan los Estados en el marco de la Agenda 2030 no son de obligado cumplimiento, sino de carácter voluntario, y no hay una concreción en cuanto a cómo ejercer el control político de su cumplimiento. Si a este hecho le sumamos la avaricia desmesurada de la industria de los combustibles fósiles, las reticencias de algunos sectores empresariales que tan solo lo utilizan por su propio Greenwhashing corporativo –lavado de cara verde– y le añadimos la campaña –política pero también mediática– de la derecha y la extrema derecha directamente en contra, tenemos como resultado muchos palos en unas ruedas que les cuesta avanzar hacia la defensa del medioambiente, la biodiversidad y la sostenibilidad. Asimismo, estas son unas políticas públicas imprescindibles de implementar en la lucha contra el cambio climático y las desigualdades sociales pero que, desgraciadamente, se ponen abiertamente en entredicho desde muchas administraciones. Un rumbo hacia el desarrollo sostenible que se tambalea en los ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos bajo control de la derecha y la extrema derecha. Una situación de involución social y ecológica que es la antesala de lo que supondría una investidura exitosa de Alberto Nuñez Feijóo con los apoyos de Vox o de otro candidato o candidata de los populares con el apoyo de la extrema derecha si, finalmente, hay una repetición electoral.

En definitiva, hace falta un cambio de modelo hacia uno sostenible, que ponga en el centro de la agenda pública la vida y los derechos de las personas y del planeta. Y, en este sentido, la Agenda 2030 es la brújula que tiene que guiar –sin tapujos– las actuaciones de las administraciones públicas, de las empresas, de los trabajadores y de las entidades ciudadanas para, así, avanzar decididamente hacia una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y medioambientalmente sostenible.